Dan muestra de valentía y tenacidad los 222 desterrados nicaragüenses, opositores del régimen dictatorial de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Parados frente a un hotel en las afueras de Washington, D.C., horas después de haber sido exiliados, el 9 de febrero, relatan las penas que pasaron mientras permanecieron injustamente encarcelados, meramente por expresar opiniones críticas del régimen, o por postular su candidatura a la presidencia. Retratan sin tapujos la naturaleza represiva de la pareja aferrada al poder en Nicaragua. Se muestran agradecidos por su sorpresiva liberación, el hecho de reunirse con familiares y poder volver a respirar aires libres. Denuncian el peligro que corren los opositores que permanecen en Nicaragua.

Los exiliados reconocen que pueden hacer más por Nicaragua desde el extranjero que desde un país convertido en prisión. En los últimos años, Nicaragua se ha convertido, otra vez, en un peón de la guerra fría. Rusia, China e Irán tienen un pie en el patio trasero de Estados Unidos gracias a su amistad con Ortega, generando preocupación para nuestro vecino al norte. El año 2018 fue un parteaguas. La represalia contra las protestas ciudadanas fue brutal; se estima que murieron entre 300 y 400 personas, y miles fueron heridas. Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron a la dictadura. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, prohibió a sus ciudadanos comerciar con varios oficiales de la dictadura, y el departamento de Tesorería recibió autorización del Legislativo para sancionar a personas corruptas o violadoras de los derechos humanos. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la violencia del régimen y Nicaragua se salió de dicha organización. Las principales organizaciones de derechos humanos redactan anuales notas condenatorias. Tras las fraudulentas elecciones del 2021, en las que se reeligió descaradamente Ortega, Estados Unidos y la Unión Europea colocaron restricciones de viaje a 116 nicaragüenses e incrementaron las sanciones económicas.
Los presos liberados insisten en que su egreso del país los tomó por sorpresa e intentan descifrar si hubo negociaciones bajo la mesa entre la administración Biden-Harris y Ortega-Murillo. ¿Cuánto más pueden hacer Estados Unidos y sus aliados, sin declarar una guerra abierta, a favor de las libertades civiles y políticas en el país vecino?

La lupa internacional puesta sobre Ortega y Murillo podría inhibirlos de maltratar a los opositores que no se han ido. Un caso icónico es el del obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quien fue condenado a 26 años de prisión luego de que se rehusó a subir al avión con los otros presos políticos. El régimen, además, dictó que él y los 222 exiliados ya no son ciudadanos nicaragüenses.

El obispo Álvarez se resistirá valientemente desde dentro. Calificada de “terrorista” por Ortega, la Iglesia Católica ha sufrido cientos de ataques estatales. Un número indefinido de sacerdotes, religiosos y seminaristas han huido y fueron desterrados. En marzo del 2022, Ortega expulsó de Nicaragua al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Sommertag. En julio salieron expulsadas las hermanas de la caridad. Se han clausurado más de mil ONG caritativas, muchas de ellas de inspiración cristiana. Según el Vaticano, el vuelo del 9 de febrero portaba a cinco sacerdotes, dos seminaristas, un diácono y dos funcionarios de la diócesis de Matagalpa.

Nos sumamos a los mensajes del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) y las conferencias episcopales de varios países, incluyendo Guatemala, que se solidarizan con monseñor Álvarez y los fieles en Nicaragua.