Fijar el precio de la emisión de gases de carbono con efecto invernadero (GEI) es una de las formas de abordar el cambio climático. Varios países están usando mecanismos tales como regímenes de comercio de derechos de emisión e impuestos sobre el carbono, o bien otros se están preparando para implementarlos.

Al fijar el precio del carbono justo, este instrumento ayuda a que el daño causado por las emisiones de gases de efecto invernadero recaiga en quienes son responsables de la contaminación, para que puedan reducir tales emisiones. Los mercados de carbono voluntarios funcionan mediante la compra y venta de unidades de carbono, que se materializan a través de lo que se conoce como el certificado de reducción o remoción de GEI.

La fijación del precio del carbono es un instrumento que captura los costos externos de las emisiones de gases de efecto invernadero y los vincula a sus fuentes a través de un precio. Los costos de las emisiones generalmente las paga todo el público consumidor, con el incremento de los precios por el daño a los cultivos, los costos de atención médica por olas de calor y sequías y la pérdida de propiedades por inundaciones y aumento del nivel del mar, etc.

En lugar de dictar que todos paguen por las emisiones, el precio del carbono proporciona una señal inequívoca económica a los emisores de gases y les permite decidir transformar sus actividades y reducir sus emisiones, o continuar emitiendo y pagando por sus emisiones, pero, además, puede ayudar a movilizar inversiones financieras necesarias para estimular la tecnología limpia y la innovación en el mercado, alimentando nuevos motores de crecimiento económico con bajas emisiones de carbono.

La Secretaría de la Organización Mundial del Comercio circuló a los miembros, recientemente, una propuesta para preparar un marco mundial de fijación de precios del carbono. Esta iniciativa podría legalizar los aranceles unilaterales al carbono en el comercio mundial, con el riesgo de que podría crear nuevas vías para que los grupos empresariales internacionales grandes influyan en los procesos de toma de decisiones en una organización intergubernamental, que está basada en reglas e impulsada por los miembros.

Varios países en desarrollo manifestaron su preocupación por que las medidas en frontera del carbono que se están proponiendo para su imposición a los productos importados equivalen efectivamente a priorizar una política singular del país importador sobre las de los países exportadores, y equivaldrán a imponer una visión unilateral de cómo combatir el cambio climático.

No obstante, el sector privado internacional apoya, cada vez más, una fijación consistente del precio del carbono. Muchas empresas operan en países que ya cuentan con un sistema de fijación del precio del carbono y están desarrollando conocimientos especializados tanto en la gestión de sus emisiones como en la incorporación de un precio real o social del carbono en sus planes e inversiones.

Quienes comienzan a tener mayor conciencia al considerar lo que se conoce como los costos externos de las emisiones de carbono los vinculan a sus fuentes a través de un precio de este.

En lugar de dictaminar quién, dónde y cómo se deben reducir las emisiones, la fijación del precio del carbono da una señal económica y quienes contaminan que decidan por sí mismos si reducen las emisiones, disminuyen la magnitud o suspenden su actividad contaminante, o siguen contaminando y que paguen el precio. Así, el objetivo ambiental general se logra de la manera más flexible y menos costosa para la sociedad.