La historia de la irresponsabilidad del actual régimen venezolano, en relación con la controversia con Guyana sobre el territorio Esequibo, está llegando a niveles realmente insólitos.

Desde la misma firma, en 1966, del Acuerdo de Ginebra (AG), el tratado bilateral que enmarca la controversia, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido el medio preferido por Guyana y rechazado por Venezuela. El AG también menciona que el secretario general de la ONU, si las partes no llegasen a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse para la controversia. La pregunta que deberían hacerse los venezolanos es: ¿Cómo es posible que dos secretarios generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, de acuerdo con el último Buen Oficiante el noruego Dag Nylander, decidieron escoger la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como medio para solucionar la controversia?

Los gobiernos de Chávez y Maduro han llevado al peor de los escenarios posibles para Venezuela. En el gobierno del presidente Chávez, con Maduro en la Cancillería por 6 años, la megalomanía de creerse líder del hemisferio, la influencia de Fidel Castro, que siempre apoyó a Guyana y el deseo de controlar los votos de los países caribeños, en la OEA y la ONU, acarrearon un abandono de la reclamación. En el 2004, Chávez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías transnacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas cartas de negociación. En el 2007, afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el “gobiernito” de izquierda, autónomo en lo interno ,pero todavía dependiente de la Gran Bretaña, del Primer Ministro de la Guayana Británica, Cheddi Jagan. Lo cual es una absoluta falsedad histórica. Cuando a finales del 2013, con el inicio de “era petrolera” en Guyana y después de la detención, por parte de la Armada venezolana de un barco de exploración sísmica, el gobierno Ramotar manifestó que el proceso de los Buenos Oficios, a través de un Representante del Secretario General, no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia y proponía al Secretario General optar por la CIJ, el gobierno Maduro insistió negligente y tercamente en continuar los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación por ejemplo.

Ahora que la CIJ ha decidido, en contra de la posición venezolana, que tiene la competencia para dirimir la controversia, todos los juristas serios afirman que, como miembros de la ONU, respetuosos de la Carta (ONU) y del Derecho Internacional, debemos prepararnos seriamente, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender nuestra posición en la CIJ. Guyana ha presentado formalmente su posición ante la CIJ en marzo pasado y Venezuela tiene hasta inicios de marzo del 2023 para presentar su “contramemoria”.

El régimen ha acusado a los magistrados de la CIJ de estar “a sueldo” de la EXXON, olvidando, “curiosamente”, que el socio de la EXXON en Guyana es la CNOOC, la compañía estatal china. Pero lo más grave es que todavía está debatiendo si se presenta ante la CIJ o rechaza el proceso. Esta indecisión, faltando apenas meses para presentar nuestra posición ante la CIJ, demuestra una suprema irresponsabilidad.