Alejandro Giammattei parece haber decidido presentar ante el Ministerio Público una demanda por injuria contra el diputado Aldo Ávila, debido a sus declaraciones sobre la relación a todas luces íntima entre el mandatario y Miguelito. La injuria, sinónimo de insulto o menoscabo a la dignidad de una persona, puede ser cometida en privado, ante un grupo, o utilizando los medios de comunicación. En el primer caso, en Guatemala el procedimiento de defensa consiste en dirigirse a un juzgado de paz, el cual lo resuelve. Si aparece en los medios de comunicación, en un delito tipificado en la Ley de Emisión del Pensamiento (LEP), y debe integrarse un jurado de imprenta, el cual dictamina si existe injuria o no. Juzga, pero no condena. Esto lo hace el juez de paz mencionado.

En los casos de ciudadanos comunes, de a pie, ese jurado se integra por un representante de la Asociación de Periodistas de Guatemala, otro del Colegio de Abogados y un tercero de la municipalidad capitalina. Es un proceso largo porque cada entidad, si no tiene una persona ya escogida para integrarlo, debe reunirse y elegir o nombrarla, pero el acusado puede rechazar al nombrado. La LEP permite toda crítica a los funcionarios públicos sobre sus actos oficiales, y en su espíritu admite la vida privada o íntima. El problema de este caso radica en la decisión de que el mandatario dio poder político a su pareja y nunca ha aclarado nada, lo cual puede interpretarse como una aceptación. Y, por lógica jurídica, no es delito decir una verdad. Es un caso interesante por sus protagonistas.

Dávila, quien goza de “irresponsabilidad” por ser diputado, ha admitido públicamente su homosexualidad, lo cual no incluye aceptar la forma de expresarse, pero no se le puede acusar de injurioso al calificar a alguien como es él. El caso tan parecido, se diferencia en la manera del diputado de mantener su faceta íntima. pero ese no es el caso entre funcionarios públicos, cuyo derecho a la vida privada en su faceta íntima desaparece cuando convierte a su pareja en burócrata, es decir, alguien con sueldo originado en el erario, es decir de los impuestos. Miguelito encabezó un innecesario “centro de gobierno” y ahora Giammattei ejerce su poder para llevarlo a una diputación, hacerlo presidente del Congreso y asegurarle cuatro años de inmunidad, en la práctica.

La acción pseudo legal solicitada por Giammattei agregará una prueba más de la conversión del gobierno en una dictadura. El actual y dócil Ministerio Público, sin lugar a dudas, aceptará esta tercera petición de antejuicio contra el pintoresco e irreverente Dávila. Si a causa de ello lo encarcelan, según ellos ganarán una batalla, sin darse cuenta de la pérdida de la guerra, hablando en términos castrenses, tan admirados por quien encabeza el poder Ejecutivo del país. Otra forma de atosigarlo es encargarle la tarea a Shirley Rivera, cuya cercanía con Giammattei tiene larga data y además a lo largo de este gobierno empresas relacionadas con ella han recibido fondos para obras públicas.

Todo esto es el resultado directo de la mentalidad monárquica existente en nuestros politiqueros, y en general, los ciudadanos. Presidir el ejecutivo se considera un cheque en blanco para hacer realidad cualquier ocurrencia. Decisiones de Bukele en El Salvador y de Pedro Castillo en Perú, son ejemplos recientes. Por aparte, es equivocado no aceptarse como se es, con características humanas rechazadas por algunos y aceptadas por otros. El nepotismo consiste tradicionalmente en llevar al gobierno a parientes, pero por extensión debe entenderse hacerlo con las personas con quienes se tiene intimidad personal, por cierto un factor causante de neblina para decisiones adecuadas para beneficiar a alguien tan cercano, pero inconvenientes o contraproducentes en política.