Guatemala se encuentra en un momento crucial de su historia, afrontando desafíos complejos que ponen a prueba la solidez de sus instituciones y la vigencia de sus leyes. El principal desafío actual es la polémica en torno a la situación del partido Movimiento Semilla, cuya personalidad jurídica está en el ojo de la tormenta debido a una serie de controversias legales.

El Registrador de Ciudadanos, José Muñoz, rechazó cancelar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, argumentando que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) prohíbe la suspensión de un partido político durante un proceso electoral. Además, según la Lepp, es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene la facultad exclusiva de inscribir o suspender a las organizaciones políticas.

El problema real de esta decisión es la discrecionalidad con que el registrador ha actuado con anterioridad, ya que a otros candidatos sí los suspendió en plena contienda, y por acusaciones menos graves que las que pesan contra Semilla. Ahora Muñoz parece haber huido del país para no enfrentar las acusaciones. Esperemos que en algún momento regrese para enfrentar responsablemente las consecuencias de las decisiones arbitrarias —y quizá ilegales e inconstitucionales— que tomó. A su vez, la CC otorgó un amparo provisional “preventivo” a Semilla, que ordena que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo con la participación de este partido y la UNE. Sin embargo, la disputa legal, que se suponía finiquitada con este amparo, no ha concluido.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) ha continuado tomando acciones en contra del Movimiento Semilla. Esto ha llevado al partido a interponer varias acciones legales para detener o al menos retrasar los procesos en su contra. Todo ello hará que continuemos en una montaña rusa electoral cada vez más agitada en el mes que falta para la segunda vuelta.

En el centro de esta polémica se encuentra la aplicación de la Ley Contra el Delito Organizado (LCDO), específicamente el artículo 82. Según la interpretación del fiscal Rafael Curruchiche, el partido habría cometido delitos que son perseguidos por esta ley, como lavado de dinero. Sin embargo, esta interpretación parece ser una exageración de la LCDO.

La LCDO fue creada supuestamente para perseguir a grupos delictivos organizados, definidos como un conjunto de tres o más personas que actúan juntas para cometer uno o más de los delitos específicos mencionados en la ley. Los delitos de falsedad ideológica o material, relacionados con firmas falsas o afiliaciones indebidas a un partido político, no están incluidos en esta lista. Aunque el delito de lavado de dinero sí está tipificado en la LCDO, no parece aplicable en este caso. En todo caso se les puede acusar de delitos de financiamiento electoral ilícito contemplados en la Lepp. Es por ello que el uso del artículo 82 de la LCDO, que permite la suspensión provisional de las inscripciones de personas jurídicas durante el proceso penal también parece improcedente; sin embargo, ese es el que están utilizando.

Este es otro ejemplo de la insensatez de promover legislación que da poderes “extraordinarios” a los gobernantes, sin entender que lo más probable es que se abuse de ellos. Recuerdo cuando personas allegadas a Semilla se llenaban la boca diciendo que las personas correctas no se debían preocupar, porque solo se utilizaría contra los narcos, los criminales y los corruptos.

En su momento, a quienes por principio nos opusimos a darles poderes casi ilimitados de persecución a los gobernantes, nos acusaban de “defender a los corruptos”. Diez años después, lo que dijimos que pasaría está sucediendo, precisamente contra ellos. ¿Ironías de la vida? Tal vez. Aunque yo más pienso que, a los necios, su insensatez tarde o temprano les regresa a morder.