La destitución de Francisco Sandoval del cargo de titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público ha generado serias preocupaciones sobre el compromiso de Guatemala con el estado de Derecho y sus esfuerzos para combatir la corrupción. Fue irónico que Juan Francisco Sandoval, reconocido nacional e internacionalmente por su labor contra la corrupción, haya tenido que salir de Guatemala por la puerta de atrás para salvaguardar su vida y sus libertades. Es incoherente que una persona que recibe un reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, denominándolo Campeón Anticorrupción, acá en nuestro propio país sea despedido de una manera humillante y que su trabajo sea menospreciado e interrumpido por sus propios jefes. A pesar de que hace algunos meses Porras aplaudía la labor de Sandoval, y en paralelo él tampoco reportaba (al menos a la prensa) que existía algún tipo de obstrucción por parte de ella en los procesos en curso, lo que fue un grave error.

De la noche a la mañana todo cambió y tanto Porras como Sandoval se hacen serios señalamientos mutuos, difusos y poco concretos. Él habla de los “amigos de la fiscal”, pero sin revelar más detalles, y ella, a su vez, lo señaló de ejercer justicia selectiva, sin decir nombres. También lo acusa de cometer vejámenes contra su persona, pero no explica concretamente en qué consistían, aprovechando su calidad de mujer para acusarlo, cuando aquí pesa más el aspecto jerárquico y menos el de género. Ella tenía la autoridad para abrir un proceso disciplinario, dejando una constancia administrativa. Sin embargo, ninguno de los dos reportó los hechos en su momento, como procedía.

Toda esta situación es un indicativo de que deben cambiarse algunos aspectos de la Feci, porque siempre el gobierno de turno encontrará una excusa para que una institución encargada del combate de la corrupción no pueda trabajar de manera independiente. Primero se quejaron de la injerencia extranjera cuando estaba la Cicig y su comisionado era colombiano. Ahora, con Sandoval, siendo guatemalteco, encontraron también un pelo en la sopa para despedirlo. Y aunque era un hombre valiente, tampoco podía exigírsele que estuviera dispuesto a perder la vida por su patria. Una golondrina no hace verano y una sola persona no puede luchar contra un sistema podrido y colapsado.

Desafortunadamente no es el primer fiscal que ha tenido que pasar por esta situación, que ya se ha convertido en una dinámica que muchos profesionales en Guatemala han experimentado, simplemente porque han osado desafiar al sistema denunciando los actos de corrupción de altos funcionarios públicos. Las revelaciones de Sandoval ya en el exilio fueron claras y no deben dejarse en el aire. Expresó en rueda de prensa que uno de los motivos de su destitución sería el avance de una investigación que involucra presuntamente a altos funcionarios del actual gobierno, incluyendo al mandatario.

Era lógico que el gobierno estadounidense y la ONU reaccionaran de inmediato y se suspendiera la cooperación económica para el Ministerio Público, ya que este es un revés significativo para el estado de Derecho y alimenta la percepción de un esfuerzo sistemático para socavar a quienes pretenden combatir la corrupción. Esta destitución ha causado un daño irreparable al país, porque denota una vez más el poco compromiso del gobierno de turno por trabajar con trasparencia. Según se estableció desde su creación, la Feci debería funcionar de acuerdo con su mandato sin interferencias, y el hecho de que el fiscal antimafia esté en relación de dependencia con la fiscal general es un grave error. Indiscutiblemente las reglas del juego deben cambiarse.