El desarrollo económico ha de ser un objetivo importante para todo líder político, para todo empresario, para todo trabajador, para todo ciudadano. Una economía que se desarrolla, sustenta y hace florecer la educación, la cultura, los valores de la convivencia y da lugar a que la ciencia y la técnica crucen más y más fronteras.

Pero la “mentalidad desarrollista” es otra cosa. Según creo, es una mentalidad que arranca poco después de la segunda guerra mundial, en cierto modo como secuela del éxito con que se dieron la reconstrucción económica de la Europa de la posguerra y del Japón. También por aquel entonces se retiraron las potencias coloniales del África y el surgimiento de tantos nuevos países independientes dio lugar a que la reflexión sobre el desarrollo económico nacional pasara a planos más importantes. En las Américas se lanzó la “Alianza para el Progreso” y surgieron instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cepal.

Así, según mis apreciaciones, un buen número de economistas y de sociólogos, etcétera, se entusiasmaron con la idea de “acelerar el proceso de desarrollo económico”. Plantearon que, con base en ciertos programas y ejecutando ciertas políticas económicas, los gobiernos podían cambiar el ritmo del desarrollo económico. Podían acelerarlo. Ejemplo de ello eran el “milagro alemán”, la Italia de Einaudi, el renacer del Japón y, con base en el Tratado de Roma, la promesa de un gran mercado común europeo.

Sin embargo, como han sostenido economistas como Douglas North y Francis Fukuyama, había una diferencia entre Europa y Japón, por un lado, y algunos de los países de América Latina y de África, por el otro. La diferencia es la existencia o no de “instituciones”.

En este contexto debe tenerse claro que se trata de una noción amplia, enfocada en la sustancia y no en la forma. Las instituciones comprenden aspectos tales como procesos democráticos transparentes para designar a las autoridades con base en las propuestas, ideología y méritos de los candidatos; la promulgación de leyes con claridad y los medios de policía para hacerlas valer; órganos judiciales independientes para resolver disputas con certeza y predictibilidad; órganos independientes para investigar actividades ilícitas y tomar acciones para reprimirlas y otras parecidas.

Todas esas instituciones, que pudieran considerarse como “vertebrales” del Estado, se dieron como por sentadas y entonces el foco se puso en crear bancos o financieras de fomento, entidades o agencias estatales para tecnificar las actividades agropecuarias o industriales, empresas paraestatales para encargarse de la electrificación o de las telecomunicaciones, institutos estatales para la investigación y el desarrollo y una larga lista de organizaciones y de programas que, treinta años después, más bien generaban déficit fiscales crónicos y su ineficiencia estaba a la raíz del subdesarrollo económico.

Tras el llamado “Consenso de Washington”, a finales de los ochenta, se privatizaron o se cerraron muchas de esas empresas y entidades paraestatales pero, curiosamente, tampoco se puso atención en las instituciones o hasta qué punto estaban ahí para dar sustento al nuevo modelo. Unos años después, algunos de los que en su día se opusieron a las privatizaciones denunciaron el “fracaso del neoliberalismo”, pero realmente el problema estaba —y sigue— en la ausencia sustancial de instituciones vertebrales. Como existen a nivel formal y operan hasta un cierto punto, se piensa que están allí, pero en muchos casos eso no es más que una apariencia.