Puede haber muchas razones por las cuales en Guatemala tome en promedio cuatro años hacer valer un contrato comercial sencillo (ver “Doing Business in” del BM) y también para que se caigan, una tras otra, las licitaciones, incluso durante el estado de Calamidad. Es posible que sean de diversa índole las razones por las cuales no se logre hacer llegar los 75 quetzales diarios a muchos de los trabajadores suspensos en su relación laboral o porque cueste tanto que el CHN implemente los créditos para las Pymes en problemas. Sin embargo, en mi opinión, en todo eso hay un denominador común.

En efecto, los procesos judiciales se atascan, los procedimientos administrativos se enredan y las gestiones más básicas se tornan complicadas, en buena medida, por un factor común y sumamente “contagioso”, a saber: la mentalidad formalista.

Pero no hay que confundir el formalismo con la forma. En el derecho hay sustancia y forma; así, por ejemplo, cuando alguien declara: —‘me obligo a pagar cien mil quetzales por el terreno de su propiedad’, para que tenga los efectos deseados debe declararse ante notario y constar en escritura pública. Esto es la forma. Esa forma no es necesaria cuando alguien declara: —me obligo a entregarle a domicilio tres hamburguesas con papas a cambio de 30 quetzales.

El formalismo es una patología de la forma. Es esa actitud que se impone cuando un abogado prepara una demanda impecable pero se la rechazan porque una hoja no lleva un timbre forense. Es esa mentalidad de que, cuando la ley exige un “certificado de X” y la oferente en una licitación presenta una “certificación de X”, se rechaza su oferta porque el documento no dice “certificado”. Es esa “enfermedad” por la que, cuando uno pone en un escrito que “se comunique” a la Dirección General “X” tal cosa, se lo rechazan porque no puso que “se notifique” tal cosa.

Pero ¿qué da lugar al formalismo? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo se desarrolla la mentalidad patológica? Las causas son varias y complejas. Sin embargo, una de las principales y más nocivas es la corrupción. En efecto, ya sea como pretexto para extraer un soborno, ya sea para negar su derecho a una de las partes a cambio de una coima pagada por la contraparte, se busca un pelo en la sopa y ese “pelo” suele ser un mero formalismo.

El formalismo procura disfrazar lo arbitrario de legal. Encubre un delito contra la justicia. Oculta la usurpación tras un pretendido rigorismo. Es una mentalidad que trastoca los valores morales y jurídicos, convirtiendo las chicanas en justificaciones, dando apariencia de solemnidad a la idiotez.

Para esta sociedad el formalismo jurídico es sumamente caro. Se gastan millones de quetzales en discutir, impugnar, recurrir y apelar puras patrañas. Los fines y objetivos sustanciales de la vida se malogran, los derechos se pierden y la convivencia en sociedad se convierte en una pesadilla. Poco a poco, la mentalidad avanza. Los abogados de los bancos, de las empresas, de las oficinas públicas tienen pesadillas de que el día de mañana un juez niegue a su patrocinado lo que en derecho le corresponde por algún detalle sin importancia. Millones de personas se ven obligadas a perder su dinero y su tiempo pagando por auténticas de firmas, actas notariales o por declaraciones juradas y un sinfín de requisitos insustanciales que, sin embargo, han devenido más importantes que el fondo, que la realidad, que la verdad. El formalismo es una carísima patología social y jurídica.