Hace unos días me llegó un video de la intervención, en el parlamento austriaco, de un ex primer ministro de ese país. Con inusual vehemencia —según él mismo reconoció— le reclamaba al canciller sobre las medidas del gobierno en relación con la pandemia. El parlamentario no solamente las tildaba de un grave desacierto, de haber causado miles de quiebras y desempleo, sino además de haberse basado en el miedo, creado en la población por el propio gobierno, para que aceptaran unas medidas tan injustificables como extremas. Como contraste, presentaba el caso de Suecia, que él consideraba exitoso y acertado.

Por consiguiente, las profundas diferencias de opinión sobre la forma de enfrentar esta pandemia las encontramos en todas partes del mundo. Sin embargo, la pandemia del covid-19 ni ha detenido otros procesos o fenómenos sociales ni pudiera borrar sus efectos. Es verdad que esta situación, jamás imaginada sino por los productores de películas de terror, ha incidido en casi todos los aspectos de la vida social, pero hay algunos que, en cierto sentido, son más fuertes que la pandemia. Uno de ellos es el crimen y la violencia.

En efecto, la semana pasada este diario publicaba un reporte sobre la incidencia de las actividades criminales desde la instauración de la pandemia, y ahí se señala que, por un lado, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes ha disminuido a 18, habiendo aumentado las extorsiones, por ejemplo. Me llamó la atención el hecho de que, hasta la fecha de la publicación, el número de afectados por los diversos delitos y el número de personas que han encontrado la muerte a manos de la violencia fuera mayor que los contagios y que los decesos causados por el nuevo coronavirus.

Ojalá que las muertes por esta enfermedad tan contagiosa no vayan nunca a superar las que ya se producen por acciones delictivas y violentas en nuestra parte del mundo, pero es imperativo tomar conciencia de un hecho sumamente importante: las muertes, las pérdidas materiales y espirituales generadas por la violencia pueden y deben combatirse con mayor acierto.

Dependiendo un poco de la ideología de cada analista, se le atribuye mayor o menor importancia a las condiciones socioeconómicas de cada país; sin embargo, existe un amplio consenso en cuanto a que, independientemente de eso, la profesionalidad de las fuerzas de seguridad civil, la eficacia del Ministerio Público y la certeza del actuar independiente y competente del Poder Judicial son medios indispensables para enfrentar con éxito el crimen y la violencia.

En la región latinoamericana se han conseguido mucho mejores resultados. En Costa Rica, 11.7 por 100 mil habitantes; en el Uruguay, 11.8; y en Chile, 3.5. El índice para Guatemala en las actuales circunstancias es de 18, habiendo oscilado alrededor de 22 durante los últimos años.

Eso ha significado más de 25 mil muertes y millones de quetzales de pérdidas durante la última década, y yo me pregunto cómo es posible que para la pandemia de la criminalidad y la violencia, gobierno y sociedad no se vuelquen a combatirla. Para enfrentar al nuevo coronavirus se han contraído nuevas deudas públicas extraordinarias por alrededor de 20 mil millones de quetzales en tres meses; para combatir la otra pandemia, la más destructiva de nuestro tejido social, durante 10 años, cero. Hay que combatir la una sin dejar de dar cara a la otra.