Conocí Chile en 2011. El taxista que nos mostró Viña del Mar era cortés, afable y culto. Me quedé boquiabierta cuando él nos señaló una torre de apartamentos con vista al mar, y nos dijo que era dueño de un apartamento de veraneo allí. Lo había adquirido gracias a la privatización de las pensiones. ¡Qué daríamos porque los taxistas guatemaltecos tuvieran propiedades de veraneo, como él!

El producto interno bruto (PIB) per cápita de Chile trepó asombrosamente de US$719.60 en 1975, a US$15,924.19 en 2018, gracias a la implementación del plan Ladrillo, diseñado por los discípulos de Milton Friedman y Arnold Harberger, de la Universidad de Chicago. Durante el mismo tiempo, el ingreso per cápita de Guatemala creció a un ritmo menor: de US$594.65 en 1975, a US$4,472.89 en 2018. Los frutos de la libertad económica están al alcance de la mayoría de los chilenos, pensé. Algo dije en voz alta, porque el taxista me contraargumentó que tanto su persona como Chile estaban mal. Si supiera cómo está el resto de la región, pensé. Pero él nos dijo agriamente que Michelle Bachelet, quien presidió el país hasta 2010 y retornó al poder en el 2014, tenía razón al reclamar un “Chile para todos”, más igualitario.

La propuesta de un alza a las tarifas del transporte público desató el llamado “Estallido Social” chileno, en 2019, antes de la pandemia. Las protestas manifiestan un profundo malestar por una percepción de corrupción y privilegios. Hace unos días, 155 diputados fueron nombrados a una Convención Constitucional que redactará una nueva constitución, la cual, seguramente, pondrá fin al “experimento neoliberal”.

Los sucesos de los últimos años, afirma el economista chileno Sebastian Edwards, sacan a relucir la paradoja chilena: los ciudadanos están convencidos de que la desigualdad aumentó, cuando en realidad ha disminuido significativamente. Entre el 2000 y el 2016, Chile fue el cuarto país en América Latina en el cual la desigualdad económica disminuyó más, según cifras generadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Arriba de Chile se colocaron Bolivia, Guatemala y El Salvador.

No obstante, cuando la Comisión Económica para América Latina preguntó a los chilenos, mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos su opinión, ellos dijeron que la desigualdad aumenta.

Nuestro taxista ilustra una posible explicación a dicha paradoja: caló en la opinión popular el discurso neomarxista de odio y resentimiento al rico. El pueblo desconoce los hechos o los desestima. O bien, sugiere Edwards, es posible que la gente concibe la desigualdad en un sentido más amplio que los economistas, como falta de “justicia”, o el trato recibido socialmente, dependiendo de nuestro estatus. Una tercera posibilidad, aventura Edwards, es que sintamos impaciencia con la lentitud del progreso.

Guatemala puede aprender de los recientes sucesos en Chile: nos debe preocupar el mejoramiento del crecimiento económico y del bienestar real de la ciudadanía, pero además debemos velar porque los ciudadanos conozcan y aprecien tales mejoras. Por décadas Chile ha brillado en América Latina como el país más libre y menos corrupto, con el segundo mejor ingreso per cápita, después de Uruguay. Hoy, debido a la paradoja de Edwards, va rumbo a un retroceso económico y político.

El respeto al derecho de propiedad, el estado de Derecho y el mercado libre permiten a miles salir de la pobreza y crean estables clases medias, al tiempo que algunos ricos ganan más. El sistema no iguala el ingreso, pero tampoco lo hace un Estado benefactor intrusivo ni un socialismo salvaje, salvo en casos como el de Venezuela, donde el colapso social, moral y económico repartió pobreza generalizada.