Claro está, si uno piensa en el homo politicus como un ser inescrupuloso que, para no ser condenado por delitos de corrupción, se afana en tender un manto de impunidad, todo ello, para hacerse millonario rápida y fácilmente, entonces la política jamás pudiera ser un camino de la vida “agradable”. Por mucho que una persona esté dispuesta a lo que sea para llegar a ser un millonario, no puede ser agradable vivir de la mentira, de la impostura, de la usurpación y el despojo. No descarto que haya algunos en la vida política que, efectivamente, reflejen esa idea del homo politicus, pero no creo que sean la regla general.

Pienso, más bien, que muchos incursionan en la actividad política —es decir, de política partidista— con buenas intenciones. Piensan en su superación, sí, pero no a costa de sus más fundamentales principios y valores. Sueñan con llegar a ser figuras de alto relieve, seguramente, pero no a cambio de embarrar sus conciencias y de perder la paz y el sueño. Pero, más temprano que tarde, descubren que “la política es sucia”. ¿Qué quiere decir eso?

Déjenme poner un ejemplo totalmente imaginario. Ya integrado a uno de los órganos principales del partido oficial, el señor Politicus se entera de que, bajo el auspicio y con el apoyo de uno de los partidos de oposición, se planifica promover un antejuicio en contra del ministro Gobernatur. La razón es que, dentro del trámite de una licitación pública relativamente poco importante, la junta de licitación adjudicó el contrato a un licitante que proponía un precio más alto, porque, a juicio de dicha junta, su capacidad de dar mantenimiento y servicio al bien adquirido era claramente superior.

El señor Politicus pregunta: —Pero ¿por qué no se explica eso y ya está? Un silencio que se puede cortar con tijera se impone y otro de los presentes le explica: —La diferencia de precio es fácil de comprobar, pero el criterio sobre la capacidad del proveedor es algo subjetivo. Politicus añade: —Pero, ha sido la junta la que aprobó eso; ¿por qué atacar el ministro? Silencio sepulcral y, una vez más, se le explica: —todos son acusados; el ministro, para embarrar al Gobierno y dañar su imagen como último responsable de los asuntos del ministerio. Politicus, ya indignado, insiste: —¡Pero, para eso hay fiscales y testigos expertos y jueces! Esta vez, el silencio dura más y, el que le ha estado aclarando las cosas, le explica: —Cuando esto llegue a aclararse –si llega a aclararse— se habrán planteado más de diez recursos y media docena de amparos; el período presidencial habrá terminado y la gente se quedará con la idea de que el ministro Gobernatur seguramente intentaba beneficiar a un amigo. Politicus, casi desarmado, pregunta: —¿Qué haremos entonces? Esta vez le responden inmediatamente: —el diputado de oposición Inimicus ha dado una carta de recomendación a una sobrina para ocupar un cargo público en una municipalidad; te vas a estrenar, Politicus, acusándolo de tráfico de influencias.

Si lo ocurrido en esa imaginaria licitación pudiera aclararse en tres meses, dentro de un proceso transparente en manos de fiscales y jueces cuya independencia fuese garantizada efectivamente —no solo de palabra— por el Estado, ni siquiera sería políticamente rentable acusar a un funcionario público por hechos que no constituyen delito y, si en tres meses pudiera determinarse, del mismo modo, que sí se ha favorecido a un amigo de un funcionario con una compra o lo que fuera, no habría muchos tan tontos como para terminar su carrera política en la cárcel.