Con desafecto leo que nuevamente hay expresiones públicas de querer eliminar instancias del Organismo Ejecutivo. Primero estuvo la SESAN en la mira; luego, el debilitamiento de la Secretaría de la PAZ y de la Secretaría de Asuntos Agrarios, entre otras. Ahora, escucho que se quiere acabar con la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- y suplantarla con una comisión presidencial, lo cual equivale a diluir la política de Estado en materia de equidad y derechos de las mujeres, en una instancia transitoria, sin organicidad ni peso político o institucional frente a las demás dependencias públicas y la sociedad.

Debo aclarar que desde hace mucho tiempo me he pronunciado públicamente a favor de emprender un proceso de reingeniería institucional profunda e integral del Organismo Ejecutivo. Pero éste, cuando se dé, debería tener como finalidad construir institucionalidad que profundice el bien común y el cumplimiento de los derechos humanos, tan rezagado en tantísimos ámbitos, no retrocederlos.

1997 fue el año en que se reformó por última vez la ley Orgánica del Organismo Ejecutivo -LOE- (decreto 114-97). Este decreto consolidó en nuestro marco legal el desmantelamiento de las capacidades técnicas, ejecutivas y de conducción del Estado sobre los asuntos públicos. Mucho del incumplimiento de los acuerdos de paz se deben a esta distorsión creada entre las obligaciones adquiridas por el Estado y la lógica de desestatización que se impuso en esa época. Con variantes, ésta se ha mantenido y dominado hasta ahora, aunque en la actualidad, en realidad se ha degradado a su peor cariz, encarnado en el Estado clepto-narco-plutocrático en que vivimos, capturado por alianzas político-económicas y legales que siguen en continua operación.

Irónicamente, a lo largo de estos 23 años, esa lógica desestatizante de la función pública se vio continuamente confrontada por las demandas y reivindicaciones de distintos grupos de población, históricamente marginados de los asuntos públicos. Un mecanismo empleado frecuentemente para desfogar esa presión fue crear dependencias dentro del Organismo Ejecutivo cuya finalidad fuera atender a las poblaciones sujetas de esas reivindicaciones. Entidades a las que no se les dotó a la par de los recursos, capacidades, competencias legales y espacio político para cumplir con su mandato.

Es en esta compleja realidad política que surgió la SEPREM en el año 2000, instancia que se ha mantenido durante veinte años como espacio de salvaguarda de los derechos y obligaciones rezagadas del Estado frente a las mujeres. Ciertamente, su marco legal y normativo es frágil, más no es ilegal, y mucho menos ilegítimo. Con el actuar de la SEPREM y sus Secretarias y subsecretarias, con una que otra desafortunada excepción, se ha venido construyendo un andamiaje político, legal y cultural en la sociedad que reivindica, promueve, avanza y defiende los derechos humanos de todas las mujeres del país, y que empuja permanentemente a que el resto de la institucionalidad del Organismo Ejecutivo no ignore ese deber humano y de Estado, sino que lo incorpore en su actuar y con recursos concretos que garanticen mejoras en la situación y posición de las mujeres guatemaltecas en su sociedad.

Si va a cambiar algo con la SEPREM, solo debería ser para mejorar y fortalecer su institucionalidad: Las guatemaltecas nos merecemos que la SEPREM se convierta en un Ministerio de Estado que ejecute acciones que logren la igualdad real ante la ley, la transformación cultural y política que nos proteja del odio y la violencia machista, y que haga efectivo el acceso equitativo a las oportunidades y los recursos de la sociedad.