Una de las cuestiones que más ha suscitado el interés de filósofos, moralistas, juristas y economistas es la del precio justo. ¿Cuál es el precio justo?

A nivel de la vida rutinaria, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en la nueva media se leen o ven noticias y reportajes sobre el aumento de la canasta básica o cómo el alza de precios o la acaparación de productos afectan a los de menores ingresos, etcétera. Algunos políticos procuran ganar popularidad con los sectores del electorado que perciben con mayor intensidad los efectos de la inflación o, simplemente, de la carestía de ciertos productos o servicios esenciales y ciertos activistas, a veces con enfoques demagógicos, ofrecen adoptar o promover medidas como los controles de precios y cosas parecidas.

Empero, de las múltiples tesis que suelen plantearse para explicar por qué los precios son más altos de lo que podrían ser hay una, me parece, que pone en tela de juicio la justicia del sistema de libre empresa. Se trata de la tesis de que las cosas son caras porque los empresarios codician ganancias excesivas. –Está claro —se afirma—, que si un empresario compra a diez y vende a cuarenta, los precios son altos debido a sus ganancias.

Un problema con esta tesis de las ganancias excesivas es que, bajo determinadas circunstancias, puede ser verdadera. Pero solo bajo determinadas circunstancias.

En efecto, todos los seres humanos, no solo los empresarios, procuran maximizar sus beneficios. En condiciones normales, nadie entra a una tienda con la idea de pagar un precio mayor del que le pidan por el producto que desee adquirir. Los empresarios también procuran maximizar sus ganancias y esto es lo que más conviene al conglomerado social.

Cuando en cualquier actividad económica los márgenes de ganancia son muy atractivos, más empresarios/inversores son atraídos a esa actividad. Para intentar atraer cientela para su nueva empresa, bajan los precios o mejoran la calidad de sus productos o servicios y, los que ya estén en ese negocio, se defienden haciendo lo mismo. Ese proceso, conocido como “de libre competencia”, redunda así en una baja de precios. Pero no porque los empresarios quisieran reducir sus ganancias, sino porque se ven forzados a hacerlo.

Hoy en día, como es bien sabido, la economía se ha globalizado. No sin dificultades y obstáculos –generalmente derivados de la lucha por el poder hegemónico— pero, por ejemplo, el teléfono inteligente que usted lleva en el bolsillo se integra de piezas y materiales fabricados y ensamblados en muchas partes del mundo y llega a sus manos gracias a una larga cadena de comercializadores especializados que, también, compiten entre sí.

La justicia de los precios se logra, entonces, cuando, atraídos por ganancias muy jugosas, más y más empresarios/inversores acuden a establecerse en ese mercado, con lo cual, paradójicamente, consiguen exactamente lo contrario, a saber: que los márgenes de ganancia bajen hasta un rango, digamos, medio.

En esa circunstancia, de libre competencia, es el consumidor el que se torna en dueño de la situación. Procurando él también su mayor beneficio, adquiere los productos o servicios del empresario que ofrezca la mejor combinación de calidad y precio. Y es así como se instaura la soberanía del consumidor, que no es otra cosa que la otra cara de la libre competencia.