Cada vez es más urgente y prioritario mejorar el sistema electoral y político. Los ciudadanos vemos con preocupación cómo, en año preelectoral, el Congreso aprueba aumentos presupuestarios dirigidos a municipalidades, la eliminación de controles de fiscalización a los consejos de Desarrollo y el constante aumento del presupuesto público.

En la última reforma del 2016 se aprobaron dificultades a las aportaciones de ciudadanos a los partidos políticos, la limitación de libre comunicación en los medios de comunicación y se establecieron conceptos ambiguos, sujetos a interpretación, como la campaña anticipada. Todos estos elementos se impulsaron bajo un engañoso concepto de “equidad”. Sin embargo, estas reformas han causado que se deteriore el sistema de partidos políticos cada vez más.

Actualmente existen sospechas de que la mayor fuente de financiamiento de los partidos políticos sea el presupuesto público a través de la corrupción en la distribución de obra pública. Lo que tiene un efecto doblemente nocivo: obra pública de mala calidad o inexistente y el divorcio entre los intereses ciudadanos con los intereses de los partidos políticos.

En el último año, diversas organizaciones y entidades han expresado su preocupación por la falta de actividad del Congreso para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

Durante más de un año, la excusa de diversos diputados ante entrevistas en medios de comunicación ha sido: falta de voluntad política.

El concepto escurridizo de la “voluntad política” es una forma de esquivar responsabilidades y no darle la cara a la ciudadanía. Los diputados tienen poder para realizar actividad legislativa. Esto se refiere a que tienen todas las potestades que les otorga la Constitución en representación de los ciudadanos para aprobar leyes. Es un hecho que los diputados ostentan este poder y la “voluntad política” no es más que una forma que han encontrado para ignorar las solicitudes que se les hacen desde diversas organizaciones para que hagan su trabajo.

Actualmente la discusión de la ley electoral aún se encuentra en la Comisión de Asuntos Electorales, en donde algunos diputados que la conforman sí se han expresado favorablemente para avanzar con la reforma. Sin embargo, muchos otros que pertenecen a la Comisión brindan excusas constantemente o se escudan bajo el engañoso discurso de la “falta de voluntad política”, cuando son ellos realmente quienes pueden discutir el dictamen y aprobarlo. La voluntad política no es más que una excusa (que suena sofisticada) para cumplir con sus obligaciones de funcionario público.

Muchos diputados en esta legislatura sí han tenido “voluntad política” para aprobar subsidios, ampliaciones presupuestarias y estados de Calamidad en tiempos acelerados. ¿Entonces por qué la falta de voluntad para avanzar en mejorar el sistema electoral y político?

Los partidos políticos que aún tienen deseos de hacer un cambio a favor del país y mejorar la calidad del gasto público deberían no solo prestarle atención, sino actuar para avanzar y quitarles el control del poder público a las mafias que buscan saquear el presupuesto público. Además, una buena reforma puede traer beneficios directos a los partidos políticos y acercarlos a la ciudadanía. Pueden obtener más transparencia y certeza en su funcionamiento, así como rescatar su credibilidad.

El Tribunal Supremo Electoral no debe quedarse de brazos cruzados a la espera de lo que haga o no haga el Congreso. Debe asumir un rol propositivo y activo en solventar los desafíos que le puede presentar la actual Lepp para la gestión electoral, de manera que se asegure un proceso electoral limpio y democrático.