Aunque algunos analistas y, ahora también políticos en campaña, pretendan trivializar tanto la economía como para reducirla a una variable —inflación, exportaciones, inversión extranjera atraída, privilegio fiscal otorgado o, más obtuso todavía, rapidez en la resolución de casos por parte de la Corte de Constitucionalidad—, lo cierto es que la actividad económica es un fenómeno complejo, en el que interactúan muchas y diversas variables, con un carácter local, nacional o global.

Por eso es mejor hablar de desarrollo: del proceso, económico, social y político que amplía las libertades individuales y colectivas, y que debe ser definido y estimulado por los miembros de la sociedad, respetando las particulares visiones del mundo. El desarrollo basado en la ampliación de libertades tiene en el centro el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos individuales y colectivos. En el contexto actual debemos revisar los desafíos estructurales que es preciso enfrentar para fijar las bases de un buen desarrollo, principalmente ahora que estamos en pleno proceso electoral, quedamos obligados a interpelar a los políticos y sus partidos qué tipo de sociedad van a ayudar a construir en los próximos cuatro años.

Hay cinco indicadores que nos revelan el enorme esfuerzo y por dónde comenzar para que Guatemala no continúe por la senda actual que lleva a la barbarie. Primero, uno de cada cuatro guatemaltecos sobrevive en la extrema pobreza y aproximadamente la mitad de los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica. Segundo, cuatro millones de niñas, niños y adolescentes continúan sin acceso a la educación, mientras el sistema de salud tiene la capacidad para atender a uno de cada cuatro habitantes. Tercero, el gasto público es mínimo y se reparte de tal forma que fomenta la discriminación racial, territorial y de género.

Cuarto, no hay política económica, sino una agenda de prostitución de lo público para que el gobernante quede bien —por medio de perdón de impuestos, privilegios fiscales, corrupción y protección de monopolios privados, entre otras fechorías—, con sus aliados, poco ha importado la infraestructura económica, el acceso a créditos blandos para pequeños y medianos empresarios, la generación masiva de empleos y el apoyo público a la innovación y transformación productiva. Quinto, una política fiscal pensada para la riqueza de unos cuantos y la sobrevivencia de la mayoría, por lo que hay escaso gasto público y poquísimo interés en recaudar, en medio de descarados actos de corrupción. El deterioro de la administración pública provoca la mercantilización de la vida diaria: solo el que tiene dinero sobrevive a la enfermedad, a la ignorancia y a la violencia.

Eliminar estas trabas requiere un cambio sistémico que no se conseguirá en cuatro años, pero que no puede continuar postergándose. Los candidatos deben buscar el voto proponiendo soluciones técnicas y razonables. Bien harían en tomar en cuenta el horizonte de 11 años que faltan para el alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y mucho mejor sería si en lugar de sus anuncios besando niños y ancianos, nos proponen cómo construiremos un piso de protección social para garantizar su bienestar, cómo generaremos los empleos que reclaman los desempleados, cómo aumentamos el crecimiento económico, sin destruir el ambiente ni matar a defensores del territorio, y cómo conseguiremos una reforma estructural, a la política fiscal y a la administración pública, para hacerlas efectivas, transparentes e independientes.