Cada vez son más frecuentes los escándalos que se dan en el sector justicia, sobre todo cuando se trata de escoger a los profesionales para integrar las cortes. Se supone que los magistrados, jueces y fiscales deberían poseer una carrera impecable, sin tacha alguna. Sin embargo, en un gremio con poco más de 38 mil integrantes es inconcebible que no haya espacio para que participen los abogados honestos y encima, en las votaciones, puedan optar los que tienen tachas, sin que sean inhabilitados por el tribunal de honor del Cang.

Se ha convertido en normalidad nacional enfrentarnos a episodios donde se revelan malas prácticas de ciertos abogados, que se prestan para todo tipo de fraudes y estafas. Existe una profunda necesidad de reformar todos los ámbitos conectados con el entorno jurídico y la profesión de la abogacía. El ejercicio de este oficio cobra importancia, no solo en el ámbito de la cosa pública, sino también en lo privado, que por el hecho de disponer de la famosa “fe pública”, en el caso de los abogánsteres se usa como una licencia para estafar, falsificar y mentir “legalmente”. Es bien sabido que con sus malas prácticas han amasado grandes fortunas

Es obvio que las mafias enquistadas en el sistema judicial se nieguen a que abogados honestos y dignos participen en estos procesos donde se necesita tener un padrino mafioso para ganar. En este sentido estamos estancados por carecer de un sistema integrado de justicia, provocando que las instituciones sean vulnerables ante cualquier ataque a su independencia e imparcialidad. Es lamentable que este círculo vicioso se siga repitiendo en cada elección. A estas alturas ya debería existir una carrera judicial para nombrar integrantes de las cortes y evitar que otros poderes del Estado, como el Congreso, influyan en este proceso.

Por este tipo de situaciones en ese gremio, a la figura del abogado casi siempre se le da un significado sustancialmente negativo, percepción que también se debe, en gran medida, al desprestigio del poder Judicial y de todo el sistema de impartición de justicia del país. La otra cara de la moneda son los que sí trabajan con ética profesional, en el marco legal y de justicia, siendo este grupo la reserva moral del gremio, que debería presionar enérgicamente en el Cang para depurar a esos delincuentes infiltrados en su grupo profesional.

Es increíble creer que abogados honorables hayan dejado en manos de colegas inescrupulosos y corruptos todos los espacios de la vida política y la toma de las decisiones gremiales. Es necesario regresar a una participación para hacer un frente común contra estos malos abogados que están destruyendo la imagen pública de una profesión tan hermosa y noble como es la abogacía.

Debemos empezar a despolitizar la justicia en el país, empezando por exigir gremialmente ética y valores, a través del Colegio de Abogados. Sobre todo porque, de todos los gremios profesionales, este es, quizás, el más importante, debido a que participa en representación de elecciones de funcionarios del Organismo Judicial, Corte de Apelaciones, Fiscal General, entre otros.

Urge que esta institución genere un debate en los sectores de la sociedad civil, en pro del mejoramiento del sistema de justicia, que concilie el Derecho con las leyes ajustadas a las nuevas necesidades, amenazas y realidades de la sociedad, promoviendo la pronta y expedita aplicación de la Justicia. Así mismo, es de suma importancia que el Tribunal de Honor abra un canal, donde cualquier ciudadano pueda denunciar a cualquier abogado mafioso para que sea investigado, ya que un abogado corrupto daña la imagen de la clase jurídica.