Recesión, erosión, deterioro, retroceso. Cualquiera de estas palabras describe con claridad lo que sucede en Guatemala respecto de la que siempre fue una democracia débil, incipiente e imperfecta, pero democracia al fin. Hace unos días participé en un taller para periodistas sobre el tema de la autocracia, que dictó la jurista y politóloga mexicana Guadalupe Salmorán. Parte de su exposición se centró en explicar los factores que identifican a los regímenes autoritarios o autocráticos. Lo cierto es que cuando se repasa cada una de estas tendencias, en el país se cumplen todas.

1. Uso faccioso de las instituciones del Estado, que significa que los gobernantes utilizan la institucionalidad pública para su beneficio personal, el de su círculo de confianza y sus aliados; y para perseguir/atacar/agredir a quienes considera sus adversarios o enemigos.

2. Asalto a la separación de poderes y debilitamiento de la independencia judicial. No hace falta explicar que en los últimos años en Guatemala se ha dado una sistemática persecución en contra de operadores de justicia independientes que están sufriendo cárcel o exilio forzado. El efecto inmediato ha sido el retroceso en casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos; la criminalización de líderes sociales, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas; la violación al derecho de defensa y la denegación de justicia a las víctimas.

3. Eliminación de los controles políticos y cooptación de las entidades autónomas. El MP, la Contraloría General de Cuentas, la PDH y hasta de la rectoría de la Usac. Todas “alineadas”, guardando silencio cómplice o sirviendo de instrumento para la consolidación del régimen autoritario-corporativo instalado en el país.

4. Debilitamiento del pluralismo político y manipulación de las reglas electorales. Las decisiones arbitrarias del Registro de Ciudadanos y del TSE respecto de los criterios aplicados para aprobar, denegar o revocar las inscripciones de las y los candidatos a diversos puestos de elección popular —unos inscritos y otros no, aunque las circunstancias sean las mismas— responden a una estrategia para garantizar la continuidad de la regresión autoritaria. Ya dio inicio, además, la utilización del poder punitivo del Estado —vía fiscalías y cortes cooptadas— para perseguir a opositores políticos y que aparezcan en la papeleta solo las opciones “autorizadas”.

5. Hostigamiento y ataques al ejercicio de la prensa libre y contra el periodismo independiente por la vía de las restricciones al acceso a la información pública, el cerco económico y ahogo financiero, el acoso legal, la persecución impositiva y penal indebida, la criminalización que lleva a la cárcel o al exilio, las narrativas de odio y la violencia. Todos los anteriores.

Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó volver a incluir en su informe anual al Estado de Guatemala en el capítulo IV.B —referido a países que requieren “atención especial por una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia”— y representantes de las organizaciones Human Rights Watch y Wola, que visitaron la semana pasada el país, señalaron que “en Guatemala hay un proyecto autoritario que va camino a destruir la democracia del país”. Por supuesto, el gobierno rechazó los señalamientos y la presidenta del TSE, Irma Palencia, “invitó” a ambas organizaciones a que “ese tiempo valioso que trabajan solo buscando las manchas del tigre, mejor se pusieran a trabajar en favor de la democracia y del país, que eso es lo que todos necesitamos”. (PL 21/4/23)

Sí, señora Palencia. Eso es exactamente lo que debiera estar haciendo el Tribunal que usted preside. Y con todo respeto, las “manchas del tigre” no hay que buscarlas, son evidentes.