Durante la mayor parte de su historia, los seres humanos recurrieron a la fuerza para decidir sobre la ideología oficial de la sociedad y del Estado. Desde las antiguas teocracias hasta los regímenes absolutistas de la era del mercantilismo, no había cabida más que para una visión de la condición humana y del régimen político. Muchos de los que se atrevieron a pensar o a reflexionar sobre cómo debían ser las cosas y a expresar su pensamiento perdieron su posición social; a veces, sus bienes, otras, su libertad y, no pocas veces, su vida.

Por supuesto, a lo largo de las diversas etapas de la historia de la libertad de expresión del pensamiento hubo altibajos. Algunos regímenes fueron más liberales durante ciertas épocas y, en otras, más autoritarios. Hay una fuerte correlación entre aquellos períodos en que la Humanidad progresó más rápidamente y a mayor profundidad y el carácter más liberal del régimen coetáneo. Cuando, por ejemplo, hacia mediados del siglo XII coincidieron sabios, filósofos y matemáticos musulmanes, judíos y cristianos en el sur de España, los avances en todos los órdenes fuero espectaculares.

Un buen día, filósofos de la talla de John Locke comenzaron a cuestionar la ideología predominante del origen divino del poder de los reyes. Sus escritos, sobre todo en el segundo tomo sobre El gobierno civil, fueron fuente de inspiración para Jefferson cuando escribió el Acta de Independencia de los Estados Unidos.

La civilización occidental supo entrelazar una serie de hilos religiosos e ideológicos que dieron nacimiento a la “Filosofía de la Libertad”. Sobre sus fundamentos se liberaron fuerzas creadoras jamás antes vistas por el ser humano. Una a una las potencias europeas desarrollaron sus propias versiones del ideal del imperio del derecho, de los frenos y contrapesos en un gobierno constitucional y de las garantías de las libertades fundamentales, entre ellas, de manera especial, la de emisión del pensamiento.

Surgió y fue desarrollándose el fuero de prensa y la posibilidad de publicar opiniones críticas del desempeño de los funcionarios públicos se convirtió en uno de los signos distintivos de esas sociedades. La importancia de la opinión pública fue dando paso a la profesionalización del periodismo y al surgimiento de periódicos legendarios, muchos de los cuales siguen siendo referentes para que los ciudadanos puedan formar sus pareceres sobre la vida pública e institucional de su sociedad.

Nuestra región del mundo llegó más bien tarde a ese proceso y con luces y sombras. Más recientemente, después de la promulgación de la Constitución Política de 1985, parecía que las elites de este país habían comprendido la importancia de no confundir las ideologías y las reglas. Más específicamente parecía que estaban dispuestas a tolerar el libre juego de ideas, siempre y cuando ocurriera dentro del marco de las reglas del derecho. Sin embargo, hoy en día da la impresión de que esto era solamente en apariencia. Nunca terminaron de aceptar la instauración de jueces verdaderamente independientes que pudieran ser árbitros confiables y creíbles de ese libre juego de ideas dentro de las reglas. Porque las reglas no se aplican a sí mismas, se requiere de operadores de justicia que, con la imparcialidad que brota de la independencia, las interpreten y hagan valer a la luz de los hechos. Mientras ese paso no llegue a darse, Guatemala seguirá viviendo, en el plano institucional, en sus aspectos jurídico y político, en el siglo XVII.