A principios del 2018, cuando Prensa Libre me invitó a escribir esta columna de opinión, lo evalué durante unas semanas, dada la responsabilidad que lleva, pero también por la oportunidad que permite trasladar conocimiento y opinión. Decidí titularla Desarrollo de País, porque soy un creyente en que solo desarrollando el país podemos tener más y mejores oportunidades. Hay muchísimos adeudos a la ciudadanía en la educación pública, en la salud pública, en la desnutrición infantil, en infraestructura vial, en seguridad ciudadana y entre otras cosas más, en fortalecer el marco jurídico que genere certeza jurídica a las inversiones para lograr mucho más desarrollo económico. Ese primer año decidí escribir sobre las instituciones públicas, ya que me daba cuenta, sobre todo con la juventud, del desconocimiento de había no solo de la función de cada una, sino de que algunos ni siquiera conocían de la existencia de algunas. En el 2021, cuando decidí escribir mi primer libro, opté por un primer capítulo que recopilara de lo que escribí el primer año.

Algunas de esas instituciones públicas están a prueba en este sistema democrático y republicano donde la vida, la libertad y la propiedad privada están protegidas constitucionalmente. “El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y, por consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado” (tse.org.gt). La jurisdicción electoral la debe ejercer el TSE con exclusiva independencia. Desde 1984 hasta antes de los actuales magistrados, el TSE ha gozado de reconocimiento al correcto actuar de sus integrantes. El único cuestionado desde su integración por acusaciones de politización es el actual. Ha habido acusaciones por la compra de un software fuera del plazo y además criticado por favorecer a partidos de izquierda en otros países del continente. También ha habido crítica por el retiro de la participación del candidato Carlos Pineda cuando ya estaba formalmente inscrito. Ahora está en la gran prueba de esa independencia, donde totalmente apegado a ley debe resolver.

Otra institución que está a prueba es la Corte de Constitucionalidad, dado que los partidos que alegaban fraude —Creo, Vamos y otros— solicitaron un amparo para pedir el recuento de los votos. La CC ordenó al TSE el cotejo de actas, lo cual llevó a cabo.

Otra institución ha sido la Corte Suprema de Justicia que, por la resolución de la CC, también le tocó actuar. La CSJ indicó que el TSE había cumplido y que lo instruía a declarar cerradas las elecciones en primera vuelta y en el caso de los presidenciables y vicepresidenciales a iniciar la campaña para segunda vuelta, que debe llevarse a cabo la elección el 20 de agosto de acuerdo con la convocatoria.

Otra institución que apareció la semana pasada en el tema electoral es el Ministerio Público, a través del fiscal de la Feci, con una acusación muy seria al partido Movimiento Semilla. Indica la Feci que falsificaron firmas e incluyeron a muertos en la creación del partido político. Esa investigación sigue paralela al proceso electoral, pero según la ley electoral no interrumpe el proceso. El MP es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Debe perseguir la realización de la justicia y debe actuar con objetividad e imparcialidad con apego al principio de legalidad.

En Guatemala tenemos la libertad de elegir cada cuatro años a nuestras autoridades, de acuerdo con la Constitución Política de la República, con una ley electoral y de partidos políticos que enmarca el proceso. Las instituciones públicas están a prueba.