¿Qué es lo primero que se le viene en mente al escuchar la palabra “instituciones”? ¿Edificios gubernamentales, ministerios o secretarías? Muchos consideran que las instituciones son esos edificios de gobierno donde burócratas trabajan por el bien común. Sin embargo, a partir de lo descrito por autores como Douglass North o Daron Acemoglu, las instituciones no son estructuras arquitectónicas, sino las reglas del juego.

Las instituciones vistas como las reglas del juego se refieren a las normas formales e informales que permiten la convivencia pacífica en sociedad. Estas normas generan incentivos y oportunidades para que los individuos se desenvuelvan en sus relaciones sociales, económicas y políticas. Por ello es importante que las normas formales (la Constitución, leyes, reglamentos) generen incentivos positivos para la seguridad jurídica, económica y ciudadana. Siempre basándose en las normas informales (costumbres, dinámicas sociales y todas esas reglas no escritas) que ejercemos cada día. Ahora bien, ¿qué tipo de instituciones tenemos en Guatemala? ¿Confiamos en las instituciones que tenemos?

En nuestro país las instituciones son débiles. Frecuentemente generan incentivos perversos, convirtiendo al Estado en una máquina ineficiente. Actualmente muchas de estas no funcionan para atraer inversión, generar oportunidades para disminuir la pobreza, impartir justicia pronta y cumplida o garantizar seguridad ciudadana. Esto explica el estancamiento del país y la dificultad con la que atravesamos la pandemia del COVID-19. A pesar de los esfuerzos del gobierno entrante, la pandemia vino a resaltar aquellas áreas donde el sistema es sumamente débil.

Se decía que el sistema de salud ya estaba colapsado desde antes del 2020. Las instituciones responsables en materia de salud han fallado en tener mecanismos para una adecuada ejecución presupuestaria; abastecimiento de medicinas, camas y equipo; la contratación de profesionales y políticas públicas a largo plazo. Con razón ahora se atrasa la compra de insumos necesarios, el pago de salarios a médicos y se dificulta la atención digna a la ciudadanía que resulta contagiada con el virus.

Además de la salud, otro servicio público esencial es la administración de la justicia. No obstante, el Organismo Judicial está casi paralizado pues solamente ciertos juzgados continúan sus actividades. Las instituciones de justicia no han sido capaces de adaptarse con rapidez a las circunstancias y garantizar Justicia a la población. Con ello la mora judicial incrementa cada día.

Guatemala vive una crisis sanitaria y judicial y ambas tendrán un grave impacto en el desarrollo del país. Al tratar de solucionar los problemas actuales, no hay que perder de vista que existe tarea pendiente en el tema institucional. Un primer paso será individual, cumpliendo, por lo menos, aquellas normas no escritas entre ciudadanos. A partir de ello concretizar ese paso en normas formales para que reflejen los incentivos correctos. Esto necesitará de muchísima voluntad política y presión social.

Existen diversos frentes críticos a abordar, por lo que es necesario priorizar. Esta puede ser una oportunidad de rescatar propuestas ciudadanas que busquen el fortalecimiento institucional. Si bien las instituciones son creadas por individuos y las organizaciones que las hacen cumplir también están compuestas por individuos, el cambio no dependerá de una sola persona. Dependerá de cómo, desde nuestro ámbito, aportemos a la discusión y creación de instituciones fuertes que trasciendan en el tiempo en pro del desarrollo de Guatemala.