Desde hace poco menos dos siglos, en torno a los movimientos sociales de 1848 en Europa y otras corrientes de pensamiento, la noción de que los trabajadores son la parte débil de la relación laboral ha venido calando en la mentalidad del ciudadano medio y de muchas organizaciones de la sociedad civil.

En mi opinión, más o menos hacia el final de la primera mitad del siglo XX la opinión pública dominante en Latinoamérica era que el sector obrero debe protegerse legal e institucionalmente, dada la naturaleza de las economías nacionales de los países de la región; es decir, su relativa inestabilidad y el hecho de que las inversiones, generadoras de casi todos los empleos productivos, pueden reducirse o incluso retirarse con relativa facilidad.

Fue así que, década tras década, la idea de que las normas constitucionales y legales y las instituciones del Estado debían “proteger a los trabajadores” fue echando raíces. Creo que el ciudadano medio sigue creyendo que esa protección es “buena” para los trabajadores. Sin embargo, este es un país en el que la informalidad económica en el plano laboral alcanza a alrededor del 70% de todos ellos.

Muchas cosas han pasado durante casi dos siglos y la economía mundial ha ido de mayor globalización (de principios del siglo XIX a finales de la I Guerra Mundial) a menor globalización y más proteccionismo (hasta finales de los setentas en el siglo pasado), para volver a abrirse con base en procesos como el de la Ronda de Uruguay, convertida después en la Organización Mundial del Comercio.

De ese modo, en la actualidad son muy pocas las economías nacionales, en cualquier parte del mundo, en las que los empleados no trabajen para una mezcla de empresas domésticas y extranjeras. En Guatemala, una economía relativamente chica, la cantidad de empleos formales que dependen de la inversión extranjera directa es muy importante.

Traigo todo esto a cuento porque, en última instancia, la garantía más importante de que los empleadores no puedan “imponer sus condiciones” es que la demanda de trabajadores vaya siempre en aumento. Y la pregunta clave en cuanto a este punto es: ¿Contribuye el Derecho del Trabajo de Guatemala a ese objetivo? La respuesta está clara: no. La rigidez del régimen laboral de Guatemala, la forma absurda como está regulada la huelga, la cantidad de detalles que se supone que los órganos del Ministerio de Trabajo supervisan y controlan, no contribuyen en nada a mejorar la demanda de trabajadores. Más bien, el régimen laboral de Guatemala es complicado, de cumplimiento costoso y poco atractivo para el inversor. Tan poco atractivo que más de dos tercios de la población económicamente activa ya está fuera del sistema y trabaja en lo informal.

Cada vez la brecha entre la informalidad y la formalidad laboral es más difícil de cerrar. Cada vez es menos atractivo para los inversores crear una nueva plaza formal de trabajo. En lugar de eso, las leyes del país debieran procurar crear un marco seguro en el que cualquier empleador del mundo, sin necesidad de establecerse aquí, pudiera legalmente contratar los servicios de trabajadores guatemaltecos. Debiera facilitar que cualquier inversor interesado en los servicios de trabajadores guatemaltecos pudiera contratarlos sin tener que tragarse todo un paquete demasiado caro y complicado. Tan caro, que mejor se va a otra parte. Y esto es verdad, también, respecto de los empleadores nacionales.

Ellos también pueden verse forzados por costos antieconómicos a contratar trabajadores de otros países. ¿Por qué hacerles caro y complicado contratar trabajadores guatemaltecos? ¿por qué no hacer más competitivos a los trabajadores guatemaltecos?