La carta al presidente Biden de 25 respetables ciudadanos, solicitando una reducción de las sanciones impuestas al régimen para favorecer la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Democrática, ha avivado el debate sobre la conveniencia de las sanciones.

Antes que nada, hay que mencionar que el desastre socioeconómico y humanitario de Venezuela, que ha producido la emigración de más de seis millones de personas, es muy anterior a las sanciones, que se iniciaron básicamente a partir del 2017. Pero el argumento de que las sanciones no han logrado ni el cambio de régimen ni que el mismo acepte negociar seriamente con la oposición, y que, por tanto, hay que cambiar de estrategia, tiene cierto espacio en la opinión pública.

Entre los sectores que apoyan los argumentos de la carta están algunos solo interesados en sus negocios e intereses personales, pero hay también quienes en buena fe creen en una estrategia gradualista, que incluye el camino electoral, pero sobre todo reformas económicas liberalizantes, que conducirían a mediano plazo hacia una apertura política. Opinan también que las reformas ya se han iniciado. En efecto, el régimen se ha visto obligado a abandonar el fracasado modelo colectivista iniciado por Chávez y ha optado por un capitalismo salvaje de amigotes, bodegueros y lavadores de dinero sucio, en una economía de apenas tres millones de consumidores, dejando al resto de los venezolanos en la pobreza.

Estos bienintencionados ciudadanos parecen no captar que el régimen, a partir del 2015, cuando desconoció la Asamblea Nacional, dejó de jugar con las reglas del “autoritarismo competitivo” y se transformó en un “autoritarismo hegemónico”, en otras palabras, en una dictadura posmoderna, que aparenta mantener algunas formas democráticas, solo para tratar de confundir la opinión internacional. Y la historia demuestra ampliamente que los autoritarismos hegemónicos no entregan el poder graciosamente, por la vía electoral, salvo cuando una fuerte “pinza” de presiones nacionales e internacionales los obligan a negociar una transición.

Todas las transiciones de un gobierno autoritario a uno democrático en el último medio siglo, como España, Polonia, Chile, Suráfrica, Nicaragua y Brasil, entre otros, se han dado por una combinación eficiente de presiones nacionales e internacionales.

En Venezuela, el camino electoral puede y debe servir para protestar, movilizar y entusiasmar una oposición desmotivada, organizar los partidos, promover y fortalecer liderazgos y atraer a los chavistas decepcionados, pero, por sí solo no sirve para el cambio de gobierno.

Por tanto, las sanciones deben continuar y aumentar, especialmente las personales, y deben ser ampliadas a los familiares de los dirigentes del régimen.

Europa y España, en particular, deben actuar más contundentemente al respecto. Pero es absolutamente necesario reactivar las presiones internas, la espontánea protesta social por el desastre socioeconómico y de los servicios públicos, debe organizarse y coordinarse políticamente.

La Plataforma Democrática debe también buscar la forma de comunicarse con el sector de la coalición dominante en el régimen, que podría estar dispuesto, a cambio de garantías personales, a una seria negociación para la transición. Pero pensar que eliminando las sanciones se facilitaría la negociación es muestra de desesperación, resignación e ingenuidad política o de mala fe.