Faltan apenas nueve días para la elección y la batalla previa se encuentra en su apogeo, con constantes y contradictorios videos por las redes sociales. Como era de esperarse, los ataques han descendido a abismos muy profundos, y con muy pocos criterios serios, porque provienen de la mezcla de críticas y maldiciones de origen religioso o de simples insultos de activistas o anonimistas. Son muy pocas las críticas no activistas, con la participación de personas de evidente corta edad adulta. Muy pocas críticas son serenas, producto de la interpretación de leyes, en referencia a la actuación de funcionarios. La mayoría son ataques a la persona, es decir falacias contra el hombre.

Pese a ello, y debido a la necesaria preparación para después de la segunda vuelta y se sepa quién ocupará la presidencia —y pese también al tan largo tiempo entre el 21 de agosto y el 14 de enero a las 14— la atención de los guatemaltecos interesados en el beneficio del país debe centrarse en el futuro mediato, a partir de esta última fecha. Y un tema son los urgentes cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyas lagunas se deben a un error inicial: quienes la redactaron hace muchos años ingenuamente creyeron innecesario poner demasiadas condiciones, al dar por sentada la participación de verdaderos partidos políticos, no grupos politiqueros, y de candidatos con un mínimo de cualidades personales, como ocurrió en las primeras elecciones.

La realidad actual obliga a instar a los ciudadanos comunes y corrientes a unirse a los expertos para crear una nueva ley, de la misma forma como ocurrió con la Constitución de 1984, por cierto la de más larga vigencia de todas las cartas magnas guatemaltecas. Debido al derecho de petición, cualquier persona o sector ciudadano puede presentarlas, con la meta de eliminar sus actuales errores y malos usos. Los textos necesitan ser claros, específicos, para evitar la posibilidad de maliciosas interpretaciones. Pero necesitan poner nuevas condiciones, para facilitar el manejo de la cosa pública y evitar la llegada a un puesto de personas incapaces, amigos —especialmente amiguitas—, parientes, financistas, exconvictos, además de limitar la cantidad de participación como candidatos.

Las aportaciones ciudadanas para sugerir cambios no violarían ningún derecho, al referirse a necesarios requisitos o condiciones. Ya existen algunas cuyo alcance afecta a la mayoría: todo adulto entre 18 y 40 años, el grupo poblacional más grande, tiene vedado ser presidente. Esta limitación toma en cuenta un factor no necesariamente común: la madurez, pero no hay motivo para cambiarlo, ni tampoco derogar la condición del paso de cinco años después del retiro de un militar para poder convertirse en candidato presidencial. Nadie ha pensado en sugerir un cambio en esto, porque se entienden muy fácilmente —por lógicas— las razones históricas detrás de la segunda decisión, producto del momento histórico, pero cuya validez no ha sido cuestionada por nadie.

Para ser presidente (y candidato) sólo se necesita tener más de 40 años, ser alfabeto, guatemalteco de origen. Todas esas condiciones, con mentalidad actual, son discriminatorias: afectan a quienes saben leer y escribir, pero no lo entienden, o nacieron en el extranjero de padres guatemaltecos diplomáticos. Y si Guatemala acepta la doctrina de los derechos humanos, debería anularlas, entonces. Menciono someramente: subir la edad mínima a 45 años, limitar el ejercicio presidencial a 85 años, porque el cargo implica presiones terribles; aumentar las condiciones para crear nuevos partidos, como más firmas y votos favorables, etc. Churchill en 1942, cuando Londres era bombardeada, ordenó planes post victoria, lograda en 1945. Eso es ser estadista: pensar en la próxima generación.