Hace casi un mes, el Congreso de la República aprobó el decreto 7-2019, conocido como Ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria. Este decreto crea un régimen especial para los contribuyentes agropecuarios. Considero que este decreto es un privilegio para un sector. Si en realidad es bueno, debería aplicarse a todos en general; de lo contrario, nunca se debió haber aprobado así.

¿Qué es lo que entiendo de este decreto? Si bien antes del mismo cualquier persona que ganara hasta Q150 mil podía someterse a un régimen tributario que le permitiera pagar únicamente el 5% del IVA, con este régimen los agricultores y ganaderos podrán pagar ese 5% de sus ingresos totales, siempre y cuando no se pasen de Q3 millones. Aquí está el primer privilegio: ¿Por qué solo a ellos y no a los demás? Ahora bien, si estas personas o empresas se inscriben en el régimen electrónico ya solo tendrán que pagar el 4%. Y, por si fuera poco, este decreto viene con una amnistía, lo cual siempre me ha parecido de lo más injusto contra los que siempre han pagado todos sus impuestos.

Un amigo auditor comentó con gran acierto que es una medida que “favorece a quienes no han contribuido” y que es “totalmente injusta para quienes siempre han contribuido con el pago de sus impuestos, dado que estos, al elegir pagar ISR sobre ingresos, continuarán pagando hasta un 75% más, utilizando el Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos, que se basa en una tasa progresiva del 5% (sobre los primeros Q30 mil mensuales) y del 7% (sobre el excedente mensual de los referidos Q30 mil). 4% contra 7% no se vale, ¡qué injusto! La medida de reducir la tasa debió ser generalizada, sin excepción, y la tasa debería ser única, no progresiva.

Y es que a los ciudadanos se nos impone pagar el costo de tener gobierno. Cualquier medida impositiva siempre será injusta, puesto que cada quien tiene diferentes concepciones de lo que debería hacer el Gobierno y lo que no debería hacer. Incluso hay quienes consideran que ni debería existir. Sea como sea, para minimizar estas injusticias es que los impuestos deben ser generales (que afecte a todos los sectores, sin discriminación ni privilegios), proporcionales (que afecte a todos en la misma proporción, con el mismo porcentaje sobre sus ingresos, no progresiva ni regresivamente), neutros (que no distorsione la óptima asignación de recursos) y de aplicación universal (que se aplique a todos por igual). También es deseable que, si existen impuestos, sea uno solo, único, con la tasa más baja posible. Así es más fácil de administrar y cobrar, es más eficiente y barato, y más difícil de evadir.

Tienen razón la Cámara de Industria y la de Comercio, quienes se han opuesto a este decreto por considerarlo un privilegio fiscal que gozarán unos pocos a costa del resto de la población. No encuentro justificación alguna para que un sector tenga un privilegio y los demás no. Y es correcto llamarlo privilegio, que además es injusto, dado que beneficia a unos pocos sin que los demás que están siendo afectados estén de acuerdo. Esto es lo que pasa cuando se quiere resolver todo con tantas leyes e impuestos. Bien harían los congresistas en simplificar el sistema impositivo bajando tasas a los impuestos más generales y neutros y eliminando todos aquellos impuestos que encarecen la vida de los más pobres, causan corrupción y frenan el desarrollo económico del país. Esto debe ir acompañado, claro está, de una reducción consecuente del gasto del Gobierno. Mientras tanto, esperemos que se elimine pronto este inaudito e injusto decreto.