Cada vez nos encontramos más cerca de celebrar el próximo evento electoral. Hace varios años, muchas organizaciones han comunicado su preocupación sobre la regulación electoral y han promovido una reforma para corregir los errores, así como para mejorar la representatividad de los políticos con la ciudadanía.

Sin embargo, con el pasar del tiempo la necesidad de estas correcciones a la regulación del sistema electoral y político se están haciendo más latentes y urgentes. Uno de los grandes desafíos que contiene la actual Ley Electoral es que limita la libertad de expresión en distintos ámbitos, creando discreción de sanción, así como falta de certeza.

Una regulación y aplicación electoral bien aplicada debe proteger la libertad de expresión y no restringirla de forma antojadiza. Los medios de comunicación juegan un rol importante en una república democrática. Son instituciones intermedias que representan un contrapeso y también una tribuna para la formación del conocimiento de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen los medios de comunicación, en las reformas del año 2016 se impusieron restricciones importantes a la libertad de expresión.

Entre algunas de las restricciones que presentan un desafío para la libertad de expresión en medios de comunicación se encuentran las prohibiciones para que los partidos políticos y sus candidatos puedan comunicar libremente y a decisión propia dónde expresar sus ideas. Además de esto, los medios de comunicación son sujetos a que se les pague únicamente un 30% del valor de la pauta comercial. Según la regulación vigente, es un grupo de funcionarios quienes deciden qué mensajes saldrán en qué medio y a qué hora.

Lo antes mencionado se aplica a los medios que decidan “inscribirse” en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según lo vivido en el último proceso electoral, las reformas del 2016 generaron un nuevo incentivo perverso. Más medios de comunicación que no tienen un alcance significativo o que reciben pauta comercial normalmente buscan inscribirse en el TSE para obtener ingresos provenientes de fondos públicos. Esto afecta, además, la falta de conocimiento y propagación de ideas de los políticos en la contienda electoral.

En el último proceso electoral también se percibieron diversas amenazas a la libertad de expresión y potenciales riesgos para los medios de comunicación. A través de la emisión de reglamentos, el pasado tribunal pretendía regular el contenido de lo que podían hablar los candidatos en los debates y entrevistas. Además de pretender una censura previa al contenido se intentó que estos fueran aprobados previamente por el Tribunal. Ante el rechazo popular y la indignación provocada, la pasada magistratura tuvo que dar marcha atrás y derogar dicho reglamento.

La aplicación de estas regulaciones electorales y muchas otras más que concierne a los medios de comunicación depende en gran medida de cierta discrecionalidad que pueda tener el TSE debido a la falta de claridad en las normas. Esto pone en riesgo la libertad de expresión y la capacidad de comunicar ideas a través de los medios de comunicación. Así que, derivado de las últimas reformas electorales del 2016, conocer las propuestas de nuevos proyectos políticos y la renovación de la clase política se vuelve cada vez más difícil.

Estos antecedentes parecieran suficiente materia para poner mucha atención y construir la voluntad política para corregir la regulación electoral para que se proteja la libertad de participación y expresión. La actual magistratura del TSE no estuvo en la gestión del pasado proceso electoral, por lo que es importante conocer cuáles son las necesidades en materia de actualización y corrección de la regulación electoral para asegurar un proceso electoral en donde se aseguren las libertades y derechos de todos.