¿Cómo se pasa, entonces, de una “media ciudadanía” a una “ciudadanía plena”? La respuesta vienen dándonosla filósofos, estadistas, juristas y estudiosos de las ciencias políticas y sociales desde la antigua Grecia hasta nuestros días.

Las élites, sean políticas, sociales, económicas o intelectuales, tienen que sustentar con obras un régimen en el que nadie pueda ser sujeto a coacción, a hacer cosas a la fuerza, ni se le pueda privar de su libertad o sancionar de otra manera, si no es de acuerdo con la Ley. Y, aquí, la palabra “ley” adquiere un significado particular.

Por ejemplo, la Ley (con mayúsculas) no puede ser el equivalente a la voluntad arbitraria de la mayoría transitoria del órgano legislativo del Estado. Las leyes deben ser generales; es decir, referirse a supuestos hipotéticos de conducta justa en los que cualquier persona pudiera encontrarse: “El que cause un daño a otro debe indemnizarlo”. Y las normas de organización de los órganos del Estado deben enfocarse en prevenir y reducir al máximo situaciones de conflicto de intereses en el proceso de toma de decisiones del órgano que fuere, procurando articular un sistema de incentivos que premie las ejecutorias en pos del interés general y castigue las decisiones que redunden en ventajas o privilegios para ciertos grupos o individuos.

Del lado político, los ciudadanos deben, realmente, tener la libertad de organizarse. Eso de crear barreras de entrada es el equivalente, en materia política, a los cárteles económicos. Así, todo ciudadano debe poder presentarse a elección dentro de un partido político —cualquiera— y, si el partido político lo elige para postularse, la libertad de postularse como candidato a una elección general, sea local o nacional.

Ya en un órgano representativo, como el Congreso, por ejemplo, el o la representante debe tener libertad de votar a conciencia. Por lo general, esa o ese representante discutirán y formarán consensos sobre las cuestiones a decidir, primero, al seno del partido. Pero, si ese consenso no se forma, cada representante debe quedar en libertad de seguir su conciencia ciudadana o sus principios.

Al mercado toda persona u organización de negocios debe tener derecho de entrar, de actuar en él y de salir, de acuerdo con reglas claras que definan específicamente los derechos de los agentes económicos y de los consumidores, pudiéndose intercambiar libremente dichos derechos, todo ello en libre competencia, de tal modo que cada empresa luche por el favor de los consumidores, por conseguir a los mejores empleados y que los recursos en la economía se asignen de manera máximamente eficiente.

La política monetaria debe estar en manos de funcionarios verdaderamente independientes y, como antes se comentaba de paso, requerir, para su validez, formularse para el bien o en función del interés general, en el estricto sentido de que ningún grupo o sector debe ser deliberadamente favorecido o desfavorecido como resultado de su implementación.

Lo dicho arriba nada tiene de original. Hace, quizás, unas tres o cuatro generaciones que esto ha quedado claro. Por supuesto, hay innumerables matices que producen variaciones en los modelos. Sin embargo, las bases están claras y la llave de cierre de todo el sistema son unos jueces y magistrados que, siendo verdaderamente independientes, construyendo con su jurisprudencia, sentencia a sentencia, el edificio del derecho, especifican los derechos de cada parte a la luz de los millones de casos que llegan a sus tribunales.