Luego de terminado el primer trimestre y ya con la mayoría de las cifras publicadas, siempre es bueno tomar el mes de abril para hacer una pausa y evaluar cuáles han sido las principales noticias, logros y desafíos de nuestro país, que les podrán servir a los candidatos a diferentes puestos de elección pública a generar mejores propuestas. Algunos partidos políticos han presentado ya sus planes de gobierno, pero, como siempre, la mayoría dice muy bien el qué, pero no dice el cómo. Especialmente con una institucionalidad pública tan débil, nuestro país debe seguir pensando en cómo fortalecer la capacidad de aumentar la inversión pública, que apenas fue de 1.68% del PIB en 2022, cuando un país como Guatemala debería estar invirtiendo por lo menos 6% y pasar la inversión total (tanto pública como privada) de 15.2% a 24% del PIB.

Lo primero que tenemos que reconocer es que el año 2022 terminó con cifras importantes de inversión extranjera directa de US$1,352.4 millones y que durante el primer trimestre del año hemos tenido dos excelentes noticias, tanto Fitch Ratings como Standard & Poors han mejorado la calificación para Guatemala a BB, con perspectiva estable. Si a esto le sumamos la apertura de Yazaki (la primera planta de autopartes que inauguró operaciones en el departamento de San Marcos, en febrero) y la noticia de Millicom de invertir US$1,000 millones durante el siguiente quinquenio, así como muchas otras empresas nacionales e internacionales que están apostándole al país, Guatemala puede seguir avanzando en su estrategia de atracción de inversión trazada en la iniciativa Guatemala No Se Detiene, que está dando muy buenos resultados.

Ahora bien, donde debemos tener mayores cambios institucionales es en el sector de infraestructura. Definitivamente, para generar más proyectos viales, portuarios, aeroportuarios y ferroviarios es fundamental aprobar ciertas iniciativas legales que permitan dotar de mayor certeza jurídica al sistema portuario nacional, reformar la ley que regula las alianzas público-privadas, de la Agencia Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Estratégica (Anadie), aprobar la Ley General de Infraestructura Vial y la ley que aprobaría el primer proyecto de concesión municipal para la implementación de un Sistema de Transporte Público por Cable Aéreo.

Si logramos estos cambios, el país puede transformar su capacidad para volverse un centro logístico y acelerar la inversión de los 52 proyectos de infraestructura que se han identificado y que representan una inversión de un poco más de US$6.8 millardos. Además, es clave seguir impulsando las becas de idioma inglés que la comisión de capital humano de la iniciativa Guatemala No Se Detiene están impulsando a través del Ministerio de Economía y con el apoyo del Intecap y otras instituciones, que el año pasado lograron que 23,953 personas pudieran aprender o perfeccionar el inglés para el trabajo, fortalecer las acciones hacia las prioridades de la mesa de certeza jurídica, que ha tenido grandes logros en materia de digitalización y un trabajo conjunto con el Ejecutivo y el Organismo Judicial, así como las prioridades en la mesa de trabajo del sector turístico.

El lograr un Estado 100% digital como se ha planteado el eje de certeza jurídica de Guatemala No Se Detiene es una hoja de ruta de mediano plazo, con grandes avances y desafíos en varias instituciones del organismo Ejecutivo y que ya lo está replicando el Organismo Judicial y el Organismo Legislativo.