A raíz de su reapertura, el aeropuerto La Aurora ha vuelto a dar de qué hablar. Pero ya antes, por años, ha sido uno de esos temas “mitológicos”. Algunos entienden que los aeropuertos deben considerarse como un servicio público, en manos de órganos del Estado, porque son estratégicos. Otros consideran que, al ser un monopolio, a menos que algún órgano del Estado los gestione, la empresa privada que los gestione cargaría precios monopolísticos a costa de los usuarios. Un mito bastante frecuentemente esgrimido es que, como por los aeropuertos —si son internacionales— entran y salen personas y bienes del país, pues la migración y las aduanas deben estar en manos de órganos estatales.

Sin embargo, estas y otras razones que se esgrimen a favor de que los aeropuertos sigan en manos de órganos estatales, realmente, no son válidas. En los aeropuertos ocurre una multitud de actividades que, si uno las analiza con algún detenimiento, no tienen carácter de servicio o de función pública, y las pocas que sí lo tienen pueden perfectamente desarrollarse sin necesidad de que todas las otras sean tratadas como algo que no son: actividades estatales.

Volviendo a los mitos, el de que los aeropuertos tienen un carácter estratégico para el país es verdad. En la medida en que la conectividad por la vía del transporte aéreo con el resto del mundo es fundamental para los negocios, el turismo, para asuntos personales y para cientos de miles de migrantes, en esa medida los aeropuertos son estratégicos. Pero de ahí no se sigue que tengan que estar en manos estatales. La conclusión lógica que tendría que extraerse de esta circunstancia es que los aeropuertos deben ser eficientes y seguros. Las empresas privadas manejan con más eficiencia que los órganos del Estado muchas de las actividades que se producen en un aeropuerto (que, de hecho, hoy en día son contratadas con terceros), precisamente, porque no están sujetas a los constreñimientos de la gestión pública. No tienen que ceñirse a la Ley de Contrataciones del Estado, no tienen que llenar las formalidades de todo acto y trámite público para tomar decisiones, no están sujetas a la jerarquía y controles a los que sí están los órganos públicos, y un largo etcétera.

En cuanto al mito del monopolio, en la realidad este solo existe porque el Estado así lo ha dispuesto. A lo largo de las últimas tres décadas se ha sabido de por lo menos tres empresas que han planteado a igual número de gobiernos la posibilidad de construir otro aeropuerto internacional en Escuintla, con todo y autopista y tren. Pero la realidad es que, además de la “mitología de los aeropuertos”, muchos políticos y grupos de interés ven en ellos una fuente de poder. En efecto, el carácter monopolístico —innecesario hoy en día— de los aeropuertos le da a los políticos y funcionarios que los “dominan” eso que suele llamarse las “ventajas del poder”. Pero eso no es justificación para que sigamos teniendo aeropuertos ineficientes y, según algunos, también inseguros.

El mito del control de la migración y del flujo de mercancías por la vía aérea es el más increíble de todos. No hay absolutamente ninguna dificultad para que estos controles funcionen en un aeropuerto gestionado por empresas privadas. Es tan simple como adecuar los locales y los procesos para que todo pasajero internacional y toda mercancía que entre o salga del país por la vía aérea, tengan que pasar por un oficial de migración o por un vista aduanero y que se verifique que, físicamente, pueda ser de otra manera.

Los aeropuertos gestionados por empresas privadas se han extendido por el mundo con mucho éxito. Ya es hora de actuar con base en la realidad y no en mitos que nunca fueron válidos y que hoy una amplia evidencia ha destruido.