Según se desarrollaba la Revolución Industrial, los intereses de los patronos llegaron a entenderse contrarios a los de los trabajadores y, así, hacia la segunda mitad del siglo XIX fueron surgiendo los sindicatos de trabajadores como un medio para la defensa de sus intereses. De ahí hasta nuestros días se han desarrollado varias vertientes del sindicalismo, unas más enfocadas en la tesis de la confrontación de intereses, otras más orientadas a la búsqueda de áreas de convergencia entre trabajadores y patrono para incrementar la productividad y compartir sus frutos.

En cualquier caso, en general se piensa que el sindicalismo se funda en el hecho de que, tras la maximización de sus utilidades, el patrono ve a sus trabajadores, fundamentalmente, como un “costo” más. Entendidas así las cosas se plantea una situación de “suma cero”, en la que lo que gana el patrono lo pierden los trabajadores, y al revés. Creo que esto es un enfoque erróneo; sin embargo, concediendo que así fuera la naturaleza de la relación laboral, ¿por qué razón pudiera entenderse que el Estado o sus administradores pierden lo que los servidores públicos ganan?

Las respuestas a esa cuestión dependen de muchas variables; empero, tratando de simplificar las cosas, si se trata de un Estado cuyo régimen sea predominantemente de libertad económica, realmente a nadie conviene, en general y en el largo plazo, que los servidores públicos sean remunerados por debajo de sus competencias y responsabilidades.

Esto se ha evidenciado de manera particularmente cruda durante la pandemia actual. Es tan bajo en promedio el nivel profesional y técnico de los servidores públicos —con las honrosas excepciones que existen— que ni siquiera es posible adquirir en tiempo y forma los medicamentos, pruebas, respiradores, etcétera, indispensables para intentar reducir las muertes de las víctimas del covid-19 al mínimo posible. ¿Quién, entonces, ha salido ganando de esa situación?

Pero, creo yo, eso no es el fondo de este asunto. El sindicalismo estatal existe con sus características actuales, en mi opinión, porque se ha descubierto, por quienes ahora eufemísticamente son llamados “operadores políticos”, que los sindicatos de los diversos órganos del Estado pueden dar o quitar el triunfo en cualquier proceso electoral.

En efecto, el sistema de representación proporcional de las minorías incentiva la creación de muchos partidos políticos. Tanto a nivel nacional como municipal, este sistema supone la posibilidad de colocar representantes al Congreso o a los concejos municipales, aunque fuera solo uno. Después del pitazo de inicio del partido, cada cuatro años, cada voto cuenta. No hay partido tan chico que sea despreciable ni tan grande que pueda ignorar a los chicos. Así, a la segunda vuelta llegan dos finalistas que, con suerte, alcanzaron un veinte por cien en la primera. ¿Cómo llegar a la mitad más uno, desde un endeble veinte por ciento? Pues no queda más que pactar con otros partidos o con grupos suficientemente cohesionados que sumen cientos de miles de votos.

Y es ahí, creo yo, que entran en juego organizaciones como los sindicatos de “empleados” estatales. Y así como las contribuciones dinerarias anónimas son un peligro para la democracia, las negociaciones secretas con este tipo de grupos masivos y altamente cohesionados también lo son. La crisis de las administraciones públicas, tanto en cuanto a la falta de competencia de un enorme número de servidores públicos, como a la corrupción de que están plagadas, hunde sus raíces en este tipo de componendas. La espiral hacia el fondo es cuestión de lógica.