Para nadie es secreto que nuestra infraestructura necesita mayor inversión. Según datos internacionales, al comparar la inversión pública respecto del PIB en Guatemala tenemos uno de los datos más bajos, apenas 1.68%, cuando por lo menos deberíamos estar invirtiendo 6% del PIB para poder hacer frente al crecimiento económico y la urbanización que está teniendo el país.

Ahora bien, ¿esto implica que ese crecimiento deba venir exclusivamente de fondos públicos recaudados por impuestos? Definitivamente no. Es bien sabido que las Alianzas Público-Privadas pueden ayudar a los países a aumentar su inversión pública, trasladando mayor certeza jurídica, riegos operativos y de mantenimiento, así como externalidades y competencia al sector privado. Esto no solo podría aumentar nuestra baja inversión extranjera directa, sino también ayudaría al país a tener mejores sistemas de inversiones en carreteras, puertos, aeropuertos e incluso sistemas de transporte más eficientes.

Según el propio Banco Mundial, las Alianzas Público-Privadas generan beneficios a los países como una vía para que el sector privado introduzca tecnología e innovación para mejorar el suministro de servicios públicos a través de la eficiencia operativa, generan incentivos para que el sector privado entregue los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto acordado, insertan certeza dentro del presupuesto a través del tiempo, ya que se establecen gastos del proyecto de infraestructura en el presente y en el futuro, se desarrollan las capacidades locales del sector privado a través de la propiedad conjunta con grandes empresas internacionales, así como oportunidades de subcontratación de empresas locales para obras civiles, obras eléctricas, instalaciones, servicios de seguridad, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento, entre otras, y crea diversificación en la economía, ya que hace al país más competitivo e impulsa los negocios y la industria asociada mediante el desarrollo de la infraestructura (como la construcción, el equipo, los servicios de apoyo, etc.).

Un ejemplo muy claro es la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, que fue aprobada bajo el modelo de alianzas público-privadas y que ya está en proceso de iniciar construcción a principios de mayo, con una inversión estimada de US$125 millones. Ahora bien, ¿qué otros proyectos podrían licitarse? La cartera de la Anadie cuenta con proyectos que están listos para precalificar licitantes como el del aeropuerto, y si se le da el impulso político necesario, podría ser una inversión de US$158 millones para el país, que ayudaría a la modernización y mejora de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), con el objetivo de ofrecer los más altos niveles de calidad de servicio y estándares de seguridad para pasajeros, acompañantes, operadores y el público en general, así como modernizar la infraestructura del AILA para brindar las condiciones que permitan mayor conectividad con el mundo y con las oportunidades de negocio. Algo que cuando vemos las condiciones tan vergonzosas en las que está nuestro aeropuerto es urgente.

Estamos en un momento histórico para Guatemala. La disrupción de las cadenas de abastecimiento, así como las tensiones políticas entre Estados Unidos y China, están generando una tendencia de nearshoring favorable para América Latina, y nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar estas inversiones, pero necesitamos más infraestructura. Ese es el gran componente faltante y por eso las Alianzas Público-Privadas son claves para ayudar en este proceso.