El 31 de marzo se cumplieron 10 años del fallecimiento de Nahomy Lara Orellana, Juan Carlos Velásquez Marroquín y Ángel Rodolfo de León Palacios, los tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) que fallecieron mientras desarrollaban una actividad académica en las instalaciones de la minera CGN, en El Estor, Izabal.

Para sus familias, esta década ha estado marcada por un profundo dolor, una enorme incertidumbre y mucha frustración. En estos 120 meses han enfrentado todo tipo de obstáculos y no han logrado saber qué fue lo que les ocurrió a sus hijos.

El sistema judicial corrompido y cooptado les dio la espalda desde el inicio. El juez de Izabal, Aníbal Arteaga, célebre por sus decisiones que favorecen la impunidad y entrampan los procesos cuando la minera CGN está de por medio, hizo hasta lo imposible por clausurar el caso. Fue la perseverancia y el coraje de estos cinco valientes padres y madres de familia lo que se lo impidió. La UVG también ha jugado un lamentable papel en este caso. Además de negarles información, romper toda comunicación y entrampar el proceso judicial interponiendo todo tipo de recursos, nunca asumió su responsabilidad frente a lo ocurrido.

Los tres jóvenes no estaban en la minera de vacaciones ni habían ido por su cuenta. Sus muertes se dieron en el marco de una gira académica que el profesor del curso de Biología de la UVG, Lemuel Valle, organizó. Lo menos que esa casa de estudios debió hacer fue contribuir a esclarecer la verdad y, solidariamente, apoyar a las familias de tres de sus alumnos. Pero no, hizo exactamente lo contrario.

De la Compañía Guatemalteca de Níquel nada bueno podía esperarse. Esa empresa ha estado involucrada en todo tipo de ilegalidades y retorcimiento de la ley. Las recientes publicaciones del consorcio de medios y periodistas Forbidden Stories (Historias Prohibidas), a partir de la filtración de ocho millones de documentos, dan cuenta de cómo ha comprado voluntades —a nivel local y nacional—, vigilado y perseguido a líderes comunitarios y periodistas, pagado campañas de hostigamiento y persecución contra las comunidades en resistencia y operado ilegalmente, aun cuando la CC había ordenado detener sus actividades.

Con esos antecedentes no sería extraño que la minera estuviera directamente conectada a lo ocurrido con Nahomy, Juan Carlos y Ángel, y que, por eso, continúe el entorpecimiento en la averiguación de la verdad y la obstrucción de la justicia.

Diez años después, el caso sigue estancado. En junio de 2019, el tribunal de Puerto Barrios emitió una sentencia condenatoria por homicidio culposo contra el biólogo Lemuel Valle, el profesor que estaba con los jóvenes en el momento de su muerte; ordenó a la CGN el pago de una indemnización y dejó libre de todo cargo a la universidad.

Las familias apelaron la decisión del tribunal específicamente en lo referido a librar de responsabilidad a la Universidad, pero la Sala de Apelaciones de Izabal decidió anular toda la sentencia e, incluso, exculpó a Lemuel Valle. Ante esta decisión a todas luces ilegal, se presentaron dos recursos en la Corte Suprema de Justicia que ordenó a la Sala de Izabal rectificar, pero esta no lo hizo.

“Yo sí sigo en la lucha, así no vea el final porque ya soy grande. Yo no voy a claudicar porque no es justo. Yo sé que en Guatemala no hay justicia porque eso se nos ha demostrado, pero voy a seguir”, dijo Edna Marroquín, mamá de Juan Carlos, en una entrevista publicada por la periodista Jody García (La Cuerda, mayo 2021).

Las palabras de doña Edna no pueden quedar en el vacío. La batalla de estas familias por la verdad y contra la impunidad no puede ser infructuosa. Ángel, Nahomy y Juan Carlos merecen que la verdad salga a la luz y que se les haga justicia.