En Guatemala, cientos de miles de niños, niñas y adolescentes afrontan una epidemia violenta, oscura y devastadora, que amenaza con arrebatarles el futuro a cuentagotas. A unos por desnutrición, a otros por maltrato y a muchos por un sistema de salud y educación insuficiente para las necesidades actuales.

La epidemia que los envuelve se llama indiferencia y es portada por los adultos que generación tras generación, en vez de protegerlos, hemos elegido callar y volvernos indolentes a su sufrimiento.

En la Guatemala del siglo XXI, 7 millones de guatemaltecos es menor de 17 años. De ellos, 7 de cada 10 avanzan por la vida rezagados y contra todo pronóstico. La pobreza y la excusión los han dejado sin las condiciones básicas para desarrollar a plenitud su cuerpo, su mente y su espíritu.

La desnutrición crónica, según Unicef, sigue afectando a 1 de cada 2 niños y niñas de primera infancia. Como consecuencia, en el momento actual, más de dos millones de niños crecerán con un daño cognitivo irreversible.

La cobertura escolar, con base en datos del Ministerio de Educación, sigue siendo insuficiente, alcanzando 51% en preprimaria, 77% en primaria, 42% para el ciclo básico y apenas el 24% en ciclo diversificado. Con clara deserción por la necesidad de trabajar.

Con el confinamiento de la pandemia, la violencia contra la niñez aumentó y, según datos publicados en el 2021 por la Coordinadora Institucional por los Derechos de la Niñez, la tendencia indica que cada dos días un niño, niña o adolescente es asesinado de forma violenta.

Por su parte, el Ministerio Público reportó haber recibido más de 8,000 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes. En la mayoría de los casos, producto de abuso perpetuado por figuras cercanas al hogar. Si bien estos son los datos reportados, imaginemos la cantidad de casos no reportados por miedo o falta de conocimientos de cómo proceder.

Derivado de lo anterior, el Observatorio de Salud Reproductiva registró de enero a julio del mismo año, 3,203 embarazos infantiles —de 10 a 14 años de edad—, y hasta el mes de agosto, 70,821 embarazos adolescentes —de 15 a 18 años de edad—.

Al leer estos indicadores, se entiende por qué en el momento actual, 7 de cada 10 migrantes son menores de 18 años, que se van como pueden, apoyados por familiares que empeñan la vida por sacarlos de una realidad sin oportunidades.

Desde mis ojos, lo más doloroso de esta realidad es nuestra indiferencia. Pues conscientes del daño que sufren millones de niños y adolescentes y de lo que esto supone para el país en su conjunto, siguen sin ser una prioridad ni presupuestaria, ni macroeconómica para Guatemala.

Indigna el cinismo de los gobiernos de turno y sus artimañas para “aprobar” acuerdos gubernativos en favor de políticas públicas de desarrollo integral de la primera infancia o protección de la niñez y la adolescencia, sabiendo que quedarán carentes de asignación presupuestaria y articulación operativa.

Duele nuestro silencio ciudadano de aceptar lo inaceptable. La doble moral de nombrarnos “Capital Iberoamericana Provida”, como si el deber de proteger a los más vulnerables concluyera en el momento de nacer.

Los guatemaltecos, necesitamos entender de una vez por todas que, si los niños y las niñas no tienen oportunidades integrales en su presente, no habrá futuro para nadie. ¿Qué más tiene que pasar para unirnos y priorizarlos?

Tenemos siete millones de razones para iniciar a ser coherentes lo más pronto posible y convertirlos en nuestra prioridad nacional a niel de discurso, presupuesto y practicas articuladas y sostenibles en todos los sectores.