Junto a colegas de Oacnudh estuve trabajando recientemente en Petén. Después de cuatro horas en carro desde Poptún y una hora a pie, llegamos a la comunidad indígena de San Pablo Chinaha’. Nos reciben las risas de niñas y niños que salen a nuestro encuentro; las casas son sencillas, con paredes de tablones y techo de hojas de manaco. Luego de una ceremonia maya de bienvenida que nos da un fuerte sentimiento de cercanía y pertenencia a la comunidad, nos hablan de su vida cotidiana y las formas de subsistencia marcadas por la pobreza, la falta de acceso a derechos como la educación, la salud y a veces incluso la alimentación. A pesar de las precarias condiciones de vida, continúan su dedicado trabajo para lograr la seguridad jurídica de sus tierras y territorios como espacio esencial para su bienestar y vida digna como personas y como colectividad.

Esta realidad refleja el contexto en que viven muchas comunidades de los pueblos indígenas en el país. En conmemoración del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, dedico este espacio para hacer conciencia y buscar mayor compromiso de la sociedad para “No dejar a nadie atrás”, como señala la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Invito a todas y todos los actores, incluidas las instituciones públicas, a preguntarnos ¿cómo podemos hacer esto realidad en la vida de las comunidades indígenas, con el trabajo que realizamos cada día?

El enfoque de derechos humanos nos ofrece marcos claros y prácticos para superar los problemas estructurales que generan la desigualdad, la discriminación, la desnutrición, incluida la falta de protección de los derechos los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales. “No dejar a nadie atrás” significa dar voz también a los pueblos indígenas a través de su participación y consulta real y efectiva en la toma de decisiones, para que se beneficien del desarrollo de acuerdo con sus necesidades y prioridades.

La consulta y el consentimiento previo, libre e informado también deben entenderse como una ampliación del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. En ese marco los pueblos indígenas deciden su propio destino social, cultural, económico y político y, en última instancia, salvaguardan sus derechos individuales y colectivos; en particular sus tierras, territorios y recursos naturales.

A partir de la asesoría técnica que Oacnudh ha brindado a los pueblos indígenas, las instituciones del Estado y las empresas, hemos observado importantes enseñanzas para la realización efectiva del derecho a la consulta, en particular las relacionadas con proyectos de explotación de recursos naturales.

En primer lugar, se observa que los pueblos indígenas utilizan mecanismos legales e institucionales establecidos por el Estado para defender sus derechos colectivos, incluido el derecho a la consulta, tierras y territorios. En segundo lugar, ha habido avances del sistema legal en el reconocimiento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas mediante la incorporación de estándares internacionales en casos concretos; por ejemplo, a través de la jurisprudencia. En tercer lugar, las instituciones públicas que tienen la responsabilidad de implementar sentencias dictadas por las Altas Cortes sobre derechos de pueblos indígenas promueven procesos internos de formación en derechos humanos.

Transformar la realidad de San Pablo Chinaha’, al igual que miles de comunidades de los pueblos indígenas del país, requiere que las instituciones públicas, la sociedad civil, la academia, las empresas y los pueblos indígenas cooperen mutuamente para obtener resultados concretos que redundarán en el desarrollo y bienestar colectivo. “No dejar a nadie atrás” implica poner en movimiento y acción la voluntad política para impactar en la vida cotidiana de todas y todos sin discriminación, desde un enfoque integral y de derechos humanos.