Bien conocida es la polémica sobre si la carga tributaria de Guatemala es excesivamente baja. De los tributos que se recaudan se cubren los gastos del Estado y la deuda que se ha ido acumulando como consecuencia de que se gasta más de lo que ingresa. Ahora bien, en términos absolutos, un presupuesto de ingresos y gastos, de aproximadamente ciento seis millardos de quetzales, en relación con la economía de Guatemala, es muchísimo dinero.

Así, independientemente de si la carga tributaria debiera ser el doble y, por tanto, los gastos presupuestados del orden de doscientos millardos de quetzales y no de ciento seis, para un país en desarrollo con unos niveles tan altos de pobreza, ciento seis millardos de quetzales es muchísimo dinero.

Según publicaciones de prensa, para este ejercicio se han asignado alrededor de 19.5 millardos de quetzales a Educación, 12 millardos a Salud, 1.8 millardos a la suma de Desarrollo y Cultura y Deportes. Principalmente para cubrir los déficits fiscales que han ido acumulándose han destinado unos 32.4 millardos de quetzales. De ese modo, quizás con algunas variantes, el pago de esa deuda financia asignaciones en ejercicios pasados a los rubros mencionados (se pagan hoy servicios de salud y educación que no se cubrieron en ejercicios pasados).

Pues bien, si uno echa una mirada al estado de los servicios de salud pública en Guatemala se encuentra con un cuadro desolador (para un resumen de la situación, ver “Health in Guatemala”, Wikipedia). Las deficiencias van desde el acceso a los servicios hasta la cantidad de médicos por mil habitantes. Los principales indicadores (expectativa de vida, mortalidad infantil, sanidad, desnutrición, etc.) son de los peores en el continente americano, y en el área rural las deficiencias se multiplican. En lo que a la educación se refiere, las condiciones son, quizás, peores todavía (para un resumen, ver “Education in Guatemala”, Wikipedia).

De los países en la región, Guatemala es el que presenta una mayor tasa de analfabetismo, los años de escolaridad (principalmente en el área rural) son los menores y la calidad educativa (independientemente de la pandemia) ya es un problema sistémico, en el sentido de que a lo largo de toda la cadena formativa (pedagogos, profesores, maestros, alumnos) la calidad media es muy baja y ya es un problema circular (el sistema se nutre de una media de estudiantes que ya presentan deficiencias educativas de fondo). Del Ministerio de Desarrollo puede decirse que es una forma cara e ineficiente de entregar dinero a familias pobres (ver “Informe al mes de Agosto”, PL 18/08/21) y del de Cultura y Deportes que, al recorrer su Informe de Gestión y Rendición de Cuentas, aparece de todo (salarios, bonos, arrendamientos, viáticos, materiales, etc.) menos proyectos culturales o deportivos.

Pienso, en fin, que la circunstancia de que una parte tan significativa —mayoritaria— del Presupuesto se destine a pagar servicios públicos tan ineficientes y de tan pobre calidad tiene que acarrear consecuencias graves para la sociedad guatemalteca. Es indispensable revisar a fondo los actuales modelos de gestión de los servicios públicos cubiertos con presupuestos estatales, pues, sean o no de una magnitud adecuada, el hecho de que rindan resultados tan magros año tras año profundiza las carencias de los más pobres. No basta que todos esos servicios se hayan organizado con buenas intenciones, deben rendir frutos a la sociedad. Está claro que el actual modelo de gestión está agotado y ni siquiera he hablado de corrupción.