Se equivocan los funcionarios públicos que se consideran personalmente atacados cuando son auditados o cuestionados por la ciudadanía luego de haber cometido faltas graves que tienen que ver con el incumplimiento o abuso de sus funciones, según la naturaleza de su cargo. Y es que, cuando se asume un cargo público, se asume también una inmensa responsabilidad histórica, ética, profesional y humana ante una sociedad entera. Se establece un compromiso de representación y de acción frente a la ciudadanía.

Según la página oficial del Ministerio Público (MP), el Fiscal General “Constituye la máxima autoridad del Ministerio Público y se encarga de velar por el buen funcionamiento de la institución, de ejercer la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga en todo el territorio nacional, por sí misma o por medio de los diversos órganos que la conforman. Determina la política institucional y los criterios para el ejercicio de la persecución penal. Imparte instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como relativas a asuntos específicos en los términos y alcances establecidos en la ley.

El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público es nombrado por el Presidente de la República, de entre una nómina de seis candidatos, propuesta por una Comisión de Postulación integrada de la siguiente forma: El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside. Los respectivos Decanos de las Facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del país. El Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala”.

¿Vamos entendiendo mejor por qué tanta gente dice que quien está detrás de las decisiones de la actual fiscal general es el presidente actual de Guatemala? ¿Nos va quedando claro por qué el silencio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como de las distintas facultades de Derecho de las universidades, ante tanta arbitrariedad cometida contra personas inocentes en persecuciones, investigaciones y litigios, por demás, maliciosos? ¿Se comprende mejor, luego de leer quiénes nombraron, reeligieron y respaldan a la actual fiscal general en el marco de un muy amplio campo de acción, por qué muchos hablamos de cosas como golpe blando y lawfare en Guatemala?

Si quien ejerce el cargo de fiscal general tiene por misión promover la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de la ciudadanía y del interés público, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar la satisfacción del interés social, ¿usted diría que eso se está cumpliendo en Guatemala? Recordemos que el holocausto fue legal, pero no por eso legítimo ni justo. Si un fiscal general usa las leyes para abusar de sus funciones y anteponer, al interés social, los intereses de un grupo afín, ¿no está acaso contraviniendo la propia naturaleza de su cargo e incumpliendo sus funciones?

Los países que nos llevan años de experiencia política saben que las manifestaciones ciudadanas de protesta contra ciertos funcionarios públicos son las necesarias válvulas de escape ante órdenes injustos. Criminalizarlas o minorizarlas habla más de nuestra propia ignorancia histórica y de nuestra falta de reconocimiento a actores políticos como los pueblos originarios, las juventudes, las mujeres y las diversidades que de las manifestaciones en sí mismas.

En este artículo no hay nombres, porque hablo de un cargo. A cualquier persona que sea o llegue a ser fiscal general de la República de Guatemala debemos poder exigirle las mismas altas calidades profesionales, éticas y humanas, además de un entendimiento profundo de la justicia, del país y de sus funciones al servicio de la población. Si carece de estos atributos, la historia y la sociedad la juzgarán.