Ha causado justificada sorpresa la noticia de las actuales negociaciones entre los gobiernos de Jimmy Morales y de Estados Unidos para convertir a Guatemala en un “tercer país seguro”. El tema ha sido defendido con enjundia por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, representante nacional ante el gobierno presidido por Donald Trump. Independientemente de las definiciones, es evidente el beneficio para dicho mandatario, en este momento ya inmerso en la lucha por las próximas elecciones luego de la apertura de la campaña política realizada por el presidente estadounidense en Orlando, ciudad floridana donde los llamados halcones republicanos son fuertes y cuentan con la labor realizada por el senador cubano descendiente Marco Rubio.

Los terceros países seguros tienen como tarea recibir y dar alojo a los emigrantes de paso a otros estados, y se deben encargar de sufragar todos los gastos de comida, aojamiento, etcétera. Pero Guatemala es un país imposibilitado de llenar las necesidades de sus ciudadanos, y esa es la principal razón de las emigraciones de guatemaltecos indocumentados. Resulta entonces un contrasentido no solo aceptar esa condición estadounidense, sino, sobre todo, solicitarla, como asegura el gobierno de Jimmy Morales. La verdad de esta conclusión es absolutamente evidente. Pero además, se necesita construir campos de refugiados, cuyas características, también evidentemente, los harían parecerse demasiado a campos de concentración como los de la Segunda Guerra Mundial.

La zona fronteriza donde se realizarían estas acciones tiene la peculiaridad de ser el punto de reunión de personas de muchas nacionalidades, culturas, idiomas y sobre todo tipo intenciones. Los centroamericanos huyen hacia el norte porque están desesperados y no tienen futuro alguno en sus países. El problema se ha complicado a causa del cambio de actitud de México, resultado de las amenazas de Donald Trump para crear impuestos a los productos mexicanos. Logró, en base a esas presiones, convertir al vecino país en un muro humano integrado por las fuerzas armadas, lo cual permite prever violaciones a los derechos humanos e incluso la repetición de casos como las muertes de adultos y de niños, como ocurrió en la frontera norte del Río Bravo.

La cancillería guatemalteca increíblemente ha calificado como buenos a los lugares en territorio estadounidense a donde llegan sobre todo niños, muchas veces separados de sus padres. Algunas entidades privadas estadounidenses han manifestado su horror ante esta situación, pero fuera de algunas respuestas retóricas del Gobierno, no ha habido más. Dentro de Guatemala, la autorización de este “país seguro” no es decisión unilateral ni personal de los altos funcionarios de gobierno, sino necesita la aprobación del Congreso. Para complicar más las cosas, México no aceptó las presiones, y esto deja sola a Guatemala. En todo caso, se debe negociar quién pagará los gastos, pues el dinero no puede salir de las arcas nacionales, sino del país beneficiado, Estados Unidos.

Internacionalmente hay otras instancias con voz en este asunto, como la Organización Internacional de Migraciones, de la ONU, el alto comisionado para los refugiados. Quienes conocen del tema señalan el riesgo adicional de estos campos de refugiados: atraer aún a más personas. A esto se agrega otro factor: si los indocumentados logran pasar a México, sus autoridades, al capturarlos, deben enviarlos de regreso a Guatemala. En resumen, nuestro país se empantanará aún más y es un hecho el aumento de hechos delictivos. El ocultamiento de las condiciones de este acuerdo es, otra vez, motivo para sospechar de las verdaderas intenciones de un gobierno cuya etapa final, de hecho, se ha adelantado, aunque su contrato electoral venza el 14 de enero.