El ataque contra el juez Miguel Ángel Gálvez tiene el objetivo de terminar con la independencia judicial. Es una acción espuria contra uno de los juzgadores más prestigiados del país. No importa cómo han armado el caso, el trasfondo es deshacerse de Gálvez, como lo han hecho con otros jueces y fiscales dignos. La camarilla que domina la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está empeñada en terminar con toda forma de independencia, porque busca una administración de justicia plegada a los intereses de la alianza procorrupción e impunidad que gobierna Guatemala. En esta cruzada también tienen la voz cantante grupos ultraderechistas, financiados por sectores del Cacif, que recuerdan a las estructuras paramilitares que existieron durante el conflicto armado interno. Es claro que buscan el retroceso de la administración de la justicia para que garantice impunidad a los sectores privilegiados.

En otras circunstancias, la petición de antejuicio contra Gálvez hubiera sido rechazada in límine (sin entrar a considerarla) porque a todas luces carece de sentido. Se le sindica por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con circunstancias agravantes en forma continuada por aplicar prisión provisional contra varios sindicados de corrupción, a partir de 2015. La solicitud fue armada con base en notas periodísticas y una incorrecta interpretación del informe de una entidad académica, o sea nada que sustentara el señalamiento. Además, la prisión provisional es un término legal que no existe y en todo caso es una anomalía del sistema de justicia del país y no de un juez. Si la intención fuera corregir esa situación, tendría que despojarse del antejuicio a todos los jueces que han recurrido a la prisión provisional debido a la precariedad de los tiempos para llevar a las personas a su primera declaración. Sin embargo, el ataque es directo, certero, contra un solo juez.

La persecución política, porque así debe definirse, contra Gálvez ocurrió luego de que este ordenara que se juzgara a nueve militares y policías retirados por delitos que incluyeron la detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada de más de 195 personas, entre 1983 y 1985, las cuales ocurrieron durante el régimen de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores. Los hechos criminales están registrados en el documento de la inteligencia del Ejército de Guatemala, conocido como “Diario Militar”. De inmediato, el juez comenzó a ser hostigado con llamadas telefónicas y mensajes amenazantes, persecución con vehículos sin placas y una campaña de desprestigio por redes sociales. Cárcel o exilio es lo que le prometen a Gálvez tan solo por haber impartido justicia contra hechos de lesa humanidad. Entonces, se entiende que el sistema de corrupción e impunidad en su conjunto conspira contra la justicia independiente.

El Archivo Nacional de Seguridad, de Estados Unidos, calificó el Diario Militar como “un artefacto escalofriante de las técnicas de terror político utilizadas durante el gobierno de Mejía Víctores”. Sin embargo, en Guatemala, los sectores de ultraderecha consideran héroes a los militares criminales que se ensañaron contra víctimas inocentes durante el conflicto armado interno. Ahora esas hordas están tras otra víctima, el juez Gálvez, cuyo único delito ha sido administrar justicia en forma independiente. Esta es otra acción despreciable de la CSJ que ha mantenido como juez pesquisidor al magistrado Roaldo Isaías Chávez, quien a todas luces carece de imparcialidad porque tiene vínculos con dependencias del Ejército y cercanía con los denunciantes del juez. Entonces, vemos cómo los magistrados de la CSJ cometen otra atrocidad para quedar bien con sus padrinos políticos, aunque eso signifique criminalizar la independencia judicial.