El proceso de retiro de antejuicio contra Miguel Ángel Gálvez Aguilar, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, está basado en una denuncia sin sustento. Es un proceso malicioso que busca quitarle la inmunidad para apartarlo de su judicatura y que la misma se convierta en una pieza más del tablero de la impunidad en nuestro país.

El trabajo independiente que el juez Gálvez ha desarrollado a lo largo de 23 años de carrera en el Organismo Judicial permitió que integrantes de estructuras criminales y de narcotráfico fueran juzgados y estén en prisión cumpliendo penas por delitos muy graves. Sin embargo, no son esas resoluciones las que están provocando la persecución y el hostigamiento en su contra.

El acoso que enfrenta, y que en el último tiempo se incrementó exponencialmente, tiene que ver con las resoluciones dictadas en casos por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por altos mandos del ejército durante la época de la guerra. También con sentencias por delitos de gran corrupción en los que están vinculados personajes de poder económico, militar y político.

La resolución dictada el 6/5/22, en la que el juez Gálvez ordenó enviar a juicio a nueve militares y expolicías señalados de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas en el caso del Diario Militar fue el detonante para que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentara una denuncia en su contra. La misma fue tramitada por el MP en tiempo récord y admitida para su trámite por la mayoría del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Esta acusación —que carece de fundamento— no se presentó por ninguno de los procesos judiciales en los que la FCT actúa como querellante, motivo por el cual, de entrada, debió haberse rechazado. Es una denuncia en la que señalan al juez Gálvez de no haber cumplido con los plazos procesales durante la audiencia de primera declaración en el caso denominado Cooptación del Estado. Dicha audiencia se realizó en junio de 2016 y en ella comparecieron 57 personas imputadas, por lo que era imposible que Gálvez escuchara a todas y resolviera su situación jurídica en 24 horas. Ni modo que decretara que se iban presas sin que tuvieran oportunidad de pronunciarse, ellas o sus abogados. Eso sí habría sido una ilegalidad. Es más, todo lo actuado por el juez en aquella ocasión fue ratificado por una sala de apelaciones, la CSJ y la CC.

Pero lo más inaudito es que en la denuncia también le endilgaron a Miguel Ángel Gálvez tres resoluciones judiciales de prisión preventiva que él nunca dictó. Ya solo con eso el pleno de la Suprema debió haber rechazado la espuria querella, pero, contrario a eso, la admitió a velocidad de crucero.

Está claro que la intención no es otra que castigar a un juez justo e independiente por atreverse a resolver contrario a los intereses de los grupos de poder. Al final, la mayoría de magistrados de esta CSJ fueron electos en negociaciones oscuras y paralelas y continúan en sus cargos tres años después por esta misma circunstancia. Este viernes 4 de noviembre, Miguel Ángel Gálvez, uno de los juristas más respetados del país, comparecerá ante Roaldo Chávez, nombrado a dedo y ratificado por las autoridades judiciales como juez pesquisidor, aun y cuando tiene amistad con Raúl Falla, abogado auxiliante de la FCT, entidad que planteó la denuncia.

Estamos presenciando, una vez más, la manipulación del Derecho Penal como instrumento de venganza contra un juez honorable. Esta estrategia de criminalización contra fiscales, investigadores, jueces y periodistas tiene un doble propósito: castigar su independencia y quitarlos del camino para consolidar la dictadura de la impunidad. ¡No a la persecución espuria contra Miguel Ángel Gálvez Aguilar!