Nuevamente las alarmas se han encendido en la ciudadanía consciente al conocerse una nueva negociación del actual gobierno. Son demasiadas las razones para despertar sospechas y dudas, o más bien convencimientos, de un nuevo negocio sucio realizado fuera del conocimiento ciudadano. Se trata de la firma del contrato con el  consorcio mexicano Grupo Tradeco para construir una cárcel de máxima seguridad en Masagua, con capacidad para encerrar a tres mil criminales. El negocio suma en total 668 millones de quetzales, al pagar 17 sólo para diseñarlo, 582 para construirlo y 67 para equiparlo. Por pura casualidad, la firma se hizo el 23 de diciembre pasado, un viernes antes de Nochebuena y Navidad, cuando se podía hacerlo a la oscurana, como siempre.

El interés popular a este respecto sube porque hace pocos días el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció haber construido una cárcel similar, de muy distinto diseño y medidas de seguridad impresionantes y evidentes. Prensa Libre publicó el sábado la noticia de esta cárcel y una ilustración del diseño en forma de estrella de tres pisos de alto, mientras la obra salvadoreña tiene varias construcciones con techo de bodegas, muros perimetrales de mayor altura y cantidad y numerosas torres de vigilancia. No es una descripción completa, pero al comparar las fotos de ambas cárceles, la de El Salvador es impresionante y da idea clara de ser una cárcel de máxima seguridad. En resumen: se deben hacer comparaciones y explicarlas a los guatemaltecos.

Otro tema preocupante es por qué la obra de Masagua tardará año y medio en estar en funcionamiento, mientras la de El Salvador duró menos de un año y tiene más capacidad. A esto se suma la falta de información y el silencio acerca de las razones para haber escogido a la empresa beneficiada con el contrato, y sobre todo cómo se han protegido los derechos nacionales en el caso por cualquier razón quede inconclusa la obra. Se debe recordar el contrato de las vacunas rusas, sin garantía alguna para Guatemala, para preocuparse por este caso. La cárcel estará terminada cuando el actual gobierno ya sea parte vergonzosa de la historia, y entonces el nuevo, en el lejano caso de ser derrotado el oficialismo, podría desinteresarse en presionar para finalizar la obra.

El Grupo Tradeco es un consorcio mexicano especializado en construcción de obras. Al no saberse de su existencia, se debe buscar información confiable. Cuando Óscar Berger era alcalde, esa empresa instaló semáforos. Ahora tiene abiertos juicios en Honduras por negociaciones turbias con el expresidente Juan Orlando Hernández. La fiscalía mexicana investiga contratos por “adjudicación directa” —sin licitación— en tiempo de Felipe Calderón y fue suspendida para contratos con el Estado, y se investigan posibles acciones cuestionables y/o o ilegales con los expresidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. A mi juicio, los representantes en Guatemala tienen el deber de limpiar el nombre de la empresa por medio de explicaciones públicas muy claras.

En Google hay información del historial del consorcio, iniciado en 1992, pero también de los problemas legales tanto de hoy en día como del pasado, así como sus problemas con Estados Unidos. Está en entredicho y hoy en día ese lujo  no se lo puede dar ninguna empresa. Debe su mal historial de negociaciones lesivas al país, así como el curioso detalle de tratarse de una cárcel y de haber sido  Giammattei director de Presidios, cuando tenía menores ambiciones políticas. Es complicado trabajar para Guatemala, cierto, pero lo es más ahora, cuando la prensa independiente y las redes sociales no comprometidas dan mucha información al alcance ciudadano. Tradeco debe hablar directamente, no por medio de una empresa de relaciones públicas. Es un problema político.