Hace días vivimos momentos cardíacos mientras los miembros de la comisión de postulación componían la terna de seis candidatos al cargo de fiscal general. Los agresivos ataques que llovieron sobre los electores nos confirmaron que este proceso es eminentemente político y divisivo. Los anteriores procesos también generaron tensiones elevadas. En el 2010, recién aprobada la Ley de Comisiones de Postulación (LCP, decreto 19-2009), se repitió todo el proceso. El primer designado, Conrado Reyes, fue separado del cargo por la Corte de Constitucionalidad porque Carlos Castresana (Cicig) lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado. Muchos tropiezos después, el presidente Colom escogió a Claudia Paz y Paz de una segunda terna. En el 2014 se cuestionó el plazo legal del cargo. Agrupaciones de izquierda reclamaron la exclusión de Paz y Paz de la terna y tacharon a Thelma Aldana de ser la candidata oficial y de derecha. En el 2018, los comisionados demoraron cuatro meses en escudriñar 30 expedientes y no faltaron las acusaciones de irregularidades.

Las comisiones de postulación se emplean para designar, además, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, el contralor General de Cuentas y el procurador de los Derechos Humanos, entre otros. Quizás la elección del fiscal general sea la más contenciosa. Cosechamos consecuencias no deseadas de un mecanismo pensado para fortalecer la democracia participativa y trasladar la honorabilidad del mundo académico al foro político.
Cualquier propuesta de reforma de las comisiones de postulación debe dimensionar el poder que ostenta el fiscal general en Guatemala, los incentivos que imperan sobre los candidatos, los efectos dañinos en las universidades y las distintas opciones de reglas de votación.

Primero, si Guatemala puede embarrancarse dependiendo de quién sea el fiscal general, entonces la plaza probablemente encierra demasiados poderes. Algunos sugieren que los políticos y empresarios turbios buscan colocar en el cargo a alguien que tolere la corrupción. Otros temen que la izquierda extrema se apodere del Ministerio Público y desde allí nos imponga sus agendas radicales. ¿Es posible imaginar un escenario tal que el Ministerio Público funcione de forma predecible y constante, indistintamente de quién haga cabeza? ¿Cómo se podría desideologizar su funcionamiento?

Segundo, el proceso de selección actual es tan conflictivo y desgastante que muchos ciudadanos decentes no se quieren inmiscuir como electores ni elegidos. Idóneamente, las facultades de Derecho del país deberían estar enfocadas en graduar profesionales honorables y preparados. Y el presidente debería recibir ternas excelentes y no mediocres. ¿Existen procesos que atraigan el talento?

Tercero, las comisiones imponen severos daños a las universidades. Los decanos deben velar por el cumplimiento de la misión institucional, el crecimiento y desarrollo de su facultad, la calidad del claustro y del alumnado, los planes a futuro y más. Una universidad seria y longeva se preocupa sinceramente por la calidad y la ética de su oferta. Ser comisionado requiere de un perfil y destrezas muy distintas. Todos perdemos cuando se obliga a los decanos a enfrascarse en deliberaciones político-partidistas eternas y cuando se desvían recursos hacia la creación de facultades de cartón.

Finalmente, las comisiones de postulación son susceptibles del cabildeo por grupos de presión durante la totalidad del proceso. Si el presidente sacara el designado de un sombrero, al azar, reduciríamos sustancialmente la oportunidad de injerir en la decisión. ¿Qué otro método de votación ahuyenta el cabildeo?