Creo que en todo proceso electoral hay dos órdenes de racionalidad diferentes, a saber: la racionalidad en orden a enganchar al “votante medio”, por un lado, y la racionalidad del programa de gobierno que se proponga, por el otro.

La racionalidad del programa de gobierno de cada candidato se establece mediante un análisis de idoneidad entre los medios que proponga para la consecución de los fines que afirme el candidato que se propone conquistar. Así, por ejemplo, si un candidato incluyera en su plan de gobierno el objetivo de incrementar la inversión extranjera directa y, a la vez, se pronunciara a favor de poner en vigencia un régimen de control de cambios, otras cosas siendo iguales, esto tuviera que juzgarse irracional. Dicho de otra forma, un régimen de control de cambios no es un medio idóneo para suscitar un incremento de la inversión extranjera directa.

La racionalidad relativa a conquistar las preferencias del “votante medio” tiene que ver con el tipo de promesas u ofrecimientos que se consideren valorados por el “votante medio”. Supóngase, por ejemplo, que llegara a esparcirse la idea de que el quetzal pierde valor debido a que los inversores extranjeros repatrian sus capitales o los sacan de Guatemala y los invierten en otros países y que, por tanto, el “votante medio” valora positivamente propuestas para evitar que los capitales extranjeros invertidos en Guatemala sean repatriados o invertidos en otra parte.

Si, dado el supuesto anterior, un candidato buscara enganchar al “votante medio” proponiendo la instauración de un control de cambios, su posicionamiento en cuanto a este tema sería racional.

Pero el problema es que las preferencias del “votante medio” y los fines u objetivos de un programa de gobierno no siempre coinciden. Y por eso es que con alguna frecuencia a los políticos se les señala de incurrir bien en falta de concreción, bien de prometer u ofrecer cosas incongruentes con sus programas de gobierno. En mi opinión, bajo el régimen de la Constitución de 1965, los medios de comunicación social y la sociedad civil ejercían una crítica más rigurosa de estos fenómenos, que bajo el régimen de la Constitución de 1985. En la actualidad, percibo un cierto cinismo respecto de esta cuestión, de tal modo que los candidatos ofrecen y prometen, prácticamente, cualquier cosa que perciban que el “votante medio” valora, sin enfrentar la crítica de los medios.

Uno de los aspectos en los que me parece que un buen número de los candidatos plantean promesas u ofrecen soluciones que el “votante medio” valora, pero respecto del cual carecen de una propuesta racional en su programa de gobierno, es el tema de seguridad y el imperio del derecho. Es decir, la lucha contra la violencia y la implantación del Estado de derecho.
Casi todos los candidatos se pronuncian a favor del Estado de derecho y de la lucha contra la violencia, la corrupción y el crimen organizado, pero solo uno (que yo haya identificado) ha propuesto promover una reforma constitucional del sistema de justicia. Se trata de Manfredo Marroquín.

El hecho de que se reconozca un hecho tan contundente, como es, en mi opinión, que el modelo constitucional vigente está a la raíz de los niveles alarmantes de violencia, de criminalidad organizada, o de corrupción, todo ello a niveles inaceptables de impunidad, es indispensable para que estos problemas comiencen a resolverse. No hay otro medio racional de lograrlo.