El análisis económico del derecho es aplicar la teoría económica para evaluar el impacto de las instituciones y normas jurídicas. El empleo del análisis económico del derecho usualmente tiene dos vertientes, una desde un enfoque descriptivo y el otro prescriptivo. El enfoque descriptivo se refiere a predecir las consecuencias económicas que ciertas normas y regulaciones pueden ocasionar. Mientras tanto, el enfoque prescriptivo se refiere al deber ser, es decir, a evaluar y sugerir modificaciones a las regulaciones normativas para buscar más eficiencia en el uso de los recursos y maximizar utilidades.

Esta herramienta de análisis es sumamente útil para encontrar puntos ideales en que las normativas jurídicas que emanan del Estado no sean perjudiciales para los individuos que tienen que acatarlas, sino que sean de beneficio para ellos. Sin embargo, en la región la calidad legislativa y de creación de políticas públicas es sumamente precaria. No es común identificar un análisis económico derivado de las decisiones que toman los políticos e incluso en algunas ocasiones estas decisiones públicas van acompañadas de una carga emocional de afectación a determinado grupo de la población. Y menos aún se ve una responsabilidad política o legal de las decisiones arbitrarias que afectan a los ciudadanos.

En Guatemala, en los siguientes meses, estaremos escuchando muchas promesas en el contexto de la campaña electoral, y debemos evaluar cuáles serían las externalidades y consecuencias reales de esas promesas; ¿si estas ocasionarían un beneficio a la población o serían perjudiciales para la población?

Un ejemplo muy cercano es el de Honduras, en donde la decisión de un nuevo gobernante de eliminar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) generó consecuencias negativas. Sin entrar a valorar la legalidad, discrecionalidad y arbitrariedad con la que esa decisión se llevó a cabo, desde la perspectiva del análisis económico del derecho se puede evaluar cuáles fueron sus consecuencias. Las consecuencias que resaltan bajo esta perspectiva es que se envía un mensaje de que dicho país no es estable para las inversiones de gran magnitud y que la certeza judicial no está garantizada. Para los inversionistas es un mensaje de fraude desde la perspectiva de que el Estado no está manteniendo las condiciones aseguradas a través de una disposición constitucional, y una consecuencia muy importante a evaluar es que hay ciudadanos que pueden quedarse sin una fuente de ingreso laboral para mantener sus hogares y familias.

Este análisis se puede realizar evaluando paralelamente si existe o no una causa justificada para tomar dicha medida y si las consecuencias —o externalidades generadas— son solventadas. Sin embargo, vemos que las decisiones políticas, tal y como señalábamos anteriormente, muchas veces quedan impunes en relación con la responsabilidad legal y política de las afectaciones que generan a la población.

Como votantes en los siguientes meses en Guatemala, tenemos que prestar atención especial a los candidatos al Congreso, porque es allí donde los cambios legales positivos o negativos para la población pueden suceder. En la herramienta cívica de Yo voto mejor, promovida por el Movimiento Cívico Nacional, se puede conocer quiénes están detrás de los listados a los diferentes distritos que buscan una curul en el Congreso, en qué partidos políticos han participado y cuáles son sus conocimientos, para evaluar quién puede presentar una mejor alternativa. El Congreso, cuando está integrado correctamente, tiene un rol importante de contrapeso que puede detener decisiones que afecten a la población o, en el peor de los casos, también las puede legislar.

En estas elecciones debemos recordar que la población es quien paga el precio de las decisiones públicas.