Hace unos siete años los guatemaltecos vieron llenarse la Plaza de la Constitución de miles de personas de todas las condiciones sociales y edades blandiendo banderas y protestando, principalmente, contra la corrupción. La economía nacional crecía a más de 3.5% y había habido pequeñas victorias en contra de la violencia criminal. La economía mundial atravesaba, en general, por un buen momento y la región latinoamericana estaba en mejor situación política que la presente. En ese sentido, las protestas que llevaron a las inéditas renuncias del presidente Pérez Molina y de la vicepresidenta Baldetti no podían entenderse asociadas a ese tipo de factores.

A lo largo de unos cinco años desde aquellas renuncias, los guatemaltecos asistieron a un capítulo insólito de su historia. Con inusitada frecuencia se anunciaba que la Feci, con el respaldo de la Cicig, había promovido una investigación o un proceso penal en contra de ministros, diputados, directivos de las más importantes entidades estatales y dirigentes políticos de alto perfil. Un buen número de ellos fueron llevados a una prisión VIP, pero prisión de todas maneras, como nunca antes.

Poco después aparecieron procesos relacionados con contribuciones anónimas a partidos políticos y con la evasión fiscal. Esto colocó en la picota pública a personas que, hasta ese momento, muchos habían considerado intocables. La tercera ola, por así decirlo, fue la de algunos magistrados que se vieron involucrados en casos de tráfico de influencias para la postulación de candidatos a ser electos por el Congreso a la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales colegiados.

Algunos de los protagonistas de estas acciones judiciales, como el exfiscal Sandoval o la jueza Aifán, por ejemplo, fueron aclamados e incluso recibieron reconocimientos de relieve internacional por su lucha contra la corrupción y contra la cooptación de ciertas instituciones del Estado. Al mismo tiempo, la Corte de Constitucionalidad suspendía operaciones de grandes proyectos hidroeléctricos y mineros. Eventualmente ordenó una metodología para la elección de magistrados que, según el contenido de los fallos respectivos, verdaderamente asegurara la elección de personas honorables, competentes e idóneas. Casi tres años después, esto no se ha cumplido.

Pero, un buen día, el mandato de la Cicig —que cada dos años había sido renovado una media docena de veces— fue revocado, la ex fiscal general Aldana fue removida de las candidaturas electorales y tuvo que buscar asilo en los EE. UU. Pronto la siguieron el exfiscal Sandoval, la jueza Aifán y otros que ya suman 16. Paso a paso, aquellos “súper héroes” han sido acusados de la comisión de delitos con ocasión del ejercicio de sus funciones.

Al mismo tiempo, un buen número de aquellos que habían ido a parar a la prisión VIP comenzaron a obtener medidas sustitutivas o los procesos en su contra han sido cerrados. La elección por el CSU de la magistrada Porras, para integrar la CC, fue revertida y su lugar lo ocupa ahora otro magistrado. Ella también figura entre los exiliados. La validez de los testimonios de algunos que aceptaron arreglos como colaboradores especiales, dando así sustento a ciertas acusaciones clave, ha sido cuestionada por el propio MP.

Y yo me pregunto: ¿cómo puede interpretar el ciudadano medio su historia contemporánea? Es más, ¿en qué puede creer y a quién puede creer ante estos acontecimientos? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos de esta extraña historia? ¿Cómo y quién puede aclarar todo esto?