La democracia representativa necesita de partidos políticos. No es posible concebir un sistema político funcional en el que se inscriban tantos candidatos como ciudadanos imaginen que pueden ser un buen alcalde, diputado o presidente. Muy pocos serían conocidos de suficientes de sus conciudadanos y menos todavía se tendría una idea clara de su visión del mundo, de su ideología política. Yo he votado por el candidato tres mil ciento cuatro ¿y usted?

Del hecho que la democracia representativa requiera del voto de millones de personas para elegir a unos cientos de funcionarios —como los mencionados arriba— se desprende la necesidad de algún tipo de intermediación, de alguna forma de organización que respalde las principales opciones y que proporcione información sobre ellas.

Esa organización no tiene por qué ser igual en todos los casos. Ni siquiera tiene por qué ser permanente, formal e institucional siempre o en todos los procesos electorales. No ve por qué, por ejemplo, debiera impedirse que cien ciudadanos se organicen para postular como candidato a un vecino de un municipio de cincuenta mil habitantes sin necesidad más que de rellenar un formulario en línea. Para qué obligarles a formar una persona jurídica o a buscar recursos financieros para plasmar unos estatutos, dictar reglamentos, establecer media docena de órganos de gobierno, etcetera. Lo que les interesa es hacer un poco de propaganda, de proselitismo y promoción del candidato de sus preferencias, de sus ideas y de su plan de trabajo. Es probable que a nivel nacional convenga un tanto más de formalidad pero ¿por qué obligar a que haya una sede formal en diez, en cincuenta o en cien municipios o en diez departamentos? Esto solamente obliga a que todo partido nacional tenga un financista, un “dueño”.

Es muy importante, me parece, que los partidos políticos sean independientes del establishment económico, del establishment religioso, del establishment militar y de seguridad y de cualquier grupo de interés que pueda intentar instrumentalizarlo. Tampoco los medios, los tradicionales o los nuevos, deben entablar alianzas, escoger favoritos o convertirse en canal de propaganda de un partido. Eso no significa que no haya medios de comunicación con una u otra ideología, siempre los habrá. El punto es que no jueguen a la política.

Ahora bien, ¿cómo evitar que los partidos políticos se organicen con ánimo lucrativo? La respuesta corta es que esto se arregla reorganizando el sistema de justicia para hacer responsables a los que cometan delitos contra la hacienda pública. Dicho de otra forma, mientras el ejercicio del poder público se siga entendiendo como una forma de hacer ricos a los financistas de los partidos y a los dueños de los partidos, estos seguirán siendo organizaciones con ánimo de lucro. Debo hacer la salvedad de que, excepcionalmente, ha habido partidos genuinamente interesados, por lo menos por ciertos periodos de tiempo, en el bien común y no en el de sus financistas —menos las comisiones—. Pero esto debiera ser la regla y no la excepción.

Para esto, más que una “arquitectura formal” de los partidos, lo que hace falta es una regulación muy a detalle de los conflictos de interés, de la transparencia y de la rendición de cuentas.

En ese orden de ideas, las contribuciones anónimas y las que confieran a cualquier persona u organización externa a un partido el control de su viabilidad económica, deben limitarse a lo prudente y siempre publicitarse.