En términos generales, el homicidio consiste es la privación de la vida a un ser humano. El Código Penal lo define en un sentido amplio, pues bajo la misma rúbrica abarca diversos delitos tales como el homicidio —simple— (artículo 123), el homicidio culposo (artículo 127) y el asesinato (artículo 132), entre otros. Dependiendo de: la intencionalidad, previa planificación, conocimiento del posible resultado de la acción que causó la muerte y del tipo de relación entre víctima y victimario. La persona responsable por la muerte de alguien más puede recibir penas que oscilan entre los dos años de prisión (pena mínima para un homicidio culposo) hasta 50 años (que es la pena máxima para un asesinato). El derecho a la vida e integridad son de orden fundamental y su protección está contemplada en la Constitución Política (artículo 3º) como una obligación del Estado. Para ello se le han asignado al Ministerio Público (MP) dos funciones importantes: 1) Investigar los delitos de acción Pública y promover la persecución penal ante los tribunales; y 2) Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos.

Al analizar el comportamiento de las denuncias (casos) que ha registrado el MP entre 2014 y 2021, en donde existe al menos una persona fallecida, hay 55,494 denuncias, y los casos de homicidio (simple) son los que presentan mayor ocurrencia (28,380). El segundo lugar lo ocupan los casos de homicidio culposo, que generalmente se asocian a hechos de tránsito (19,638), y el tercero lo tienen los casos de asesinato (5,578). Estos tres delitos explican el 96.6% de los casos de personas fallecidas que se registraron en ese período. Cuando a través de la investigación del hecho se logran deducir responsabilidades a nivel individual, el MP acusa a las personas sindicadas ante el Organismo Judicial (OJ). Entre 2014 y 2021, el MP inició un proceso de acusación para 3,591 casos de homicidio (simple), 2,113 casos de homicidio culposo (aunque estos hechos tienen una dinámica distinta dentro del proceso legal al no realizarse con intencionalidad) y 3,067 casos de asesinato.

Cuando se agotan las líneas de investigación y no se logra individualizar responsabilidades, el MP está facultado para detener la investigación del caso y archivarlo, desestimarlo, clausurarlo provisionalmente, sobreseerlo o solicitar una suspensión (artículos 310, 325, 27, 25 bis y 25 ter del Código Procesal Penal). Entre 2014 y 2021, al 76% (11,197) de casos de homicidio (simple) y al 35% (3,591) de los casos de asesinato se les dio una salida de este tipo. Existen distintos desafíos en la investigación de los casos que usualmente impiden dar con los responsables del hecho. Destaca la dificultad de encontrar testigos del acontecimiento dispuestos a declarar en contra de las personas acusadas, ya que usualmente los victimarios son parte de la comunidad en donde viven y existe temor a represalias. También se complica ubicar testigos cuando las personas fallecidas son integrantes de pandillas o estructuras criminales, situaciones en las que ni siquiera los familiares de la víctima están dispuestos a brindar alguna declaración. Dentro de la disponibilidad de medios de prueba audiovisual se encuentran desafíos para obtener las grabaciones de cámaras privadas, por el mismo temor a represalias.

De las acusaciones que realiza el MP ante el OJ que llegan hasta una etapa de sentencia, entre 2014 y 2021 el 78% de las personas que fueron sentenciadas recibieron una sentencia condenatoria por el delito de homicidio (simple) y el 85% por el de asesinato. Estas cifras muestran lo probable que es lograr un castigo para quienes cometen un delito de homicidio y asesinato, siempre y cuando se logre avanzar en la investigación del hecho hasta realizar una acusación. No obstante, el mayor desafío radica precisamente en superar las limitaciones para identificar a los responsables.