La campaña electoral jamás se detiene en Guatemala, pero, indudablemente, se complejiza cuando se acercan las elecciones. En las últimas semanas se han comenzado a presentar los binomios de distintos partidos (se calcula que el cartón de la lotería electoral incluirá 30 partidos) y vemos ya desde los anunciados neofascismos, que no son tan nuevos, hasta los narcopartidos, que poco saben de política y diplomacia pero conocen bien las entrañas del poder y han sido bien servidos cuando les pagan favores con obra pública.

Hablemos un poco del 2022 y de lo que nos está dejando. Venimos dando saltos hacia atrás en el último lustro, y este año se ha fortalecido esa tendencia regresiva y autoritaria. Los neofascismos de Guatemala están sacando la cabeza del cuello de la camisa de una incipiente democracia que les aprieta y están cristalizando uno de sus objetivos principales: mantener las cosas como están en este paraíso de impunidad y corrupción. Además, el mismo pacto que, reactivamente, se ha venido cerrando alrededor de esta estrategia, quiere vender la imagen de una Guatemala que no existe.

En artículos pasados hablaba no solo del cabildeo millonario que han hecho en Washington para convencer a senadores y congresistas estadounidenses, de lo “imparable y asombrosa” que es Guatemala, sino que comentaba de un medio internacional virtual, específicamente creado para tal propósito. Por otro lado, tenemos unas sanciones de Estados Unidos que al inicio fueron más bien tibias, tomando en cuenta los profundos niveles de corrupción y criminalidad que las han definido. Sin embargo, algunas de las más recientes medidas ya están teniendo consecuencias directas en las vidas de las personas señaladas y sus familias, lo cual podría marcar algunos cambios para el 2023.

El pacto de corruptos no es tan granítico en lo cotidiano como pensamos, pero cuando se trata de poner sus temas e intereses medulares en la agenda pública, sí lo es. La Cicig, por ejemplo, se convirtió en la pesadilla y obsesión de muchos, lo cual permitió que las mafias capturaran el sistema de justicia; hoy tenemos a más de cuarenta operadores y funcionarios de justicia dignos, así como abogados y periodistas independientes, viviendo en el exilio. La muerte física de las últimas décadas del siglo XX se tradujo en muerte social en esta parte del XXI y el Estado pierde valiosa tecnocracia.

En el 2022 perdimos libertades civiles y políticas en Guatemala. La deseable separación de poderes que pide cualquier democracia se está convirtiendo, cada vez más, en anhelo. Las nuevas narrativas incluyen no solo nuevas palabras, sino nuevos discursos que buscan construir nuevos imaginarios y prácticas. Y Guatemala ardería si no fuera porque el 18% del PIB lo mantienen las personas migrantes guatemaltecas en el exterior. La pobreza ha crecido, aunque lo nieguen los corruptos y este gobierno que, por cierto, tiene casi nulo apoyo ciudadano. Y no hay liderazgos reales frente a tanta crisis y tanto caos, pero sí un actor político cada vez más organizado: los pueblos originarios, con una bastante sólida base social.

La reconfiguración de un Ejército que se vio obligado a contraerse luego de la firma de los Acuerdos de Paz es, en el 2022, un hecho. La asignación de un mayor presupuesto anual para el rubro de Defensa, los espacios políticos que les vuelven a abrir, los espacios físicos y simbólicos que están retomando y la exacerbación de una violencia que pedirá luego subir el perfil de las fuerzas de seguridad (como en cada período electoral) lo confirman. Basta voltear la mirada a México para darse cuenta de cómo esto es tendencia, también en la región. Mientras, las maras siguen latiendo sin que nadie pueda mapearlas, y el clientelismo electoral ha comenzado a rifar motos y a regalar dinero. Hay muchos desafíos a futuro, pero eso lo hablaremos en un siguiente artículo.