Mientras nuestra atención se centra en las próximas semanas rumbo a la segunda vuelta electoral, el Congreso de la República reanudó sus actividades ordinarias. Si bien el trabajo del Legislativo se divide en períodos de sesiones ordinarias y otros extraordinarias. Este segundo período ordinario del 2023 tiene un gran peso, puesto que representa los últimos meses de la actual legislatura y la última oportunidad de los actuales diputados por lograr cambios.

La IX legislatura se ha caracterizado por impulsar ampliaciones presupuestarias, préstamos, subsidios, muchas interpelaciones que desperdician tiempo valioso y otras leyes que poco influyeron en mejorar la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. Los cuatro años de esta legislatura han sido presididos por el partido de gobierno, Vamos, y junto a otras bancadas han consolidado lo que muchos denominan la “alianza oficialista”. A pesar de los avances en materia económica, desarrollo social y seguridad que indican tanto el oficialismo como la página web del Congreso, el sentimiento ciudadano es muy contrario. Los guatemaltecos consideran como prioridades a atender la falta de empleo, la corrupción, el alto costo de vida y la inseguridad, pero la producción legislativa no ha tenido un impacto en ayudar a aliviar esos problemas.

¿Los seis meses restantes del actual Congreso serán diferentes a lo que hemos visto desde el 2020? Probablemente, no. Sin embargo, la legislatura saliente tiene en sus manos al menos dos asuntos que tendrán un impacto más allá del 2023.

Antes de dejar el cargo, los diputados actuales deberán aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para el 2024. La aprobación del presupuesto nacional siempre es un punto de inflexión. ¿Existen los recursos necesarios para financiar el proyecto de presupuesto? ¿Se aprobará con déficit? ¿Por qué a algunas instituciones reciben más o menos dinero este año? Y así, una larga lista de dudas que muchas veces se resuelven hasta llegar al Congreso y a través de favores políticos. La aprobación de este presupuesto tendrá una etapa de negociación intensa, para blindar o desbloquear el presupuesto, dependiendo de quién resulte electo para el Ejecutivo.

A la vez, mucho se especula de nuevo sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Esta elección, que debió haber ocurrido en el 2019 y tiene ya cuatro años de atraso, ha sido agendada en cada sesión desde hace años. A criterio de algunos, completar esta elección antes de que entre la próxima legislatura aseguraría una cuota de poder del oficialismo en el Organismo Judicial. Sin embargo, el procedimiento dictado por la pasada Corte de Constitucionalidad dificulta, quizá imposibilita, que la elección se haga en menos de seis meses. No obstante, de llevarse a cabo, no debería representar una cuota de poder para grupos particulares, sino la elección de candidatos independientes para resguardar la justicia del país.

Así, el tiempo de la IX legislatura se acaba y muchos diputados dejarán el cargo, pero sus acciones o, en este caso, inacciones, tendrán repercusiones que trascienden sus cuatro años en el poder. El próximo Congreso estará integrado por 17 partidos diferentes, ninguno con una mayoría clara y muchos diputados nuevos (alrededor del 59%). Entre sus prioridades, cuyas demandas vienen de la ciudadanía, deberían ser reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Servicio Civil, poner énfasis en potenciar la infraestructura del país y, entre otras cosas, desempeñar una labor transparente y con probidad.