El Estado de Guatemala desde su fundación ha funcionado con base a la discrecionalidad de quien manda, desde Rafael Carrera pasando por los regímenes supuestamente liberales e incluso dentro del proceso revolucionario, así como con la Liberación y los gobiernos militares la precaria relación entre control del poder y el ejercicio del mismo fue amenazada o anulada.

Con la transición a la democracia iniciada en 1984 y consolidada con la suscripción del último de los Acuerdos de Paz en 1996 pensábamos que sí lograríamos construir muros de contención eficaces a la arbitrariedad y al abuso, de hecho, que el Estado en su conjunto asumiera la agenda de paz garantizaba esfuerzos en torno a un objetivo común.

Desde Cerezo a Pérez Molina, se registraron avances en la consolidación de determinadas libertades, pero también con relación a específicos medios de control de poder, aunque en ocasiones los progresos fueron precarios. Sin embargo, desde el gobierno pasado encabezado por Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, se ha denotado un esfuerzo para que desmantelar los alcances de una modesta democracia liberal. La desinstitucionalización de la Policía Nacional Civil, el apoyo a grupos ligados al terrorismo de Estado y la represión de los gobiernos militares para criminalizar a jueces y magistrados, la propuesta de regulación para clausurar asociaciones, la politización partidista de la autoridad electoral, la desobediencia general y manifiesta a los mandatos de la Corte de Constitucionalidad, la persecución y montaje de campañas institucionales de descrédito a periodistas, el actuar discrecional del Ministerio Público sin respetar elementales derechos, como la debida audiencia, para destituciones y traslados, el boicoteo a procesos judiciales relativos a violaciones de Derechos Humanos, la represión a manifestaciones pacíficas, la tolerancia a ciertas manifestaciones violentas, la inacción para buscar a detenidos desaparecidos, el establecimiento de un Estado de Sitio en El Estor sin que las autoridades corroboren si la empresa minera cumple la suspensión de sus actividades prohibidas por mandato judicial y el avivamiento de discursos religiosos para mantener alianzas coyunturales parlamentarias con bancadas con relación directa a la delincuencia organizada, como la UCN, dibujan una inercia muy peligrosa para una democracia liberal, sobre todo cuando, las candidatas oficiales parecen llevar una propuesta semejante para el próximo cuatrienio. Para desarticular los alcances logrados se crean espacios de miedo porque el miedo genera silencio, pero sobre todo crea una atmósfera de tolerancia al abuso. Lucas García con su seudoconstitucionalismo y Ríos Montt en su dictadura sabían muy bien la lección y por eso ambos utilizaron, de una u otra forma, llamados al patriotismo o al cumplimiento de la Palabra Divina para asegurar sus desmanes y el silencio de opositores.

Alejandro Giammattei representa la unidad nacional, forjó su experiencia en dirigir la logística electoral en los años ochenta y por ello debe revertir el rumbo al que grupos reaccionarios y antidemocráticos condicionan su gobierno, de lo contrario, solo podrá gobernar con Estados de Sitio o más limitaciones a los derechos fundamentales, dibujando así un proceso de precarización de los principios liberales básicos estructurados desde la Constitución, generándose nuevos y agudos procesos de violencia como los registrados hasta ahora. Sembrar miedo es la receta óptima para cosechar autoritarismo y Centro América es un excelente ejemplo de que los abusos de poder se aplauden y luego los apologistas pagan caro su complacencia, el populismo de Bukele, la cooptación de Hernández y la dictadura de Ortega fueron avivadas, en buena parte, por quienes no pudieron defender los principios liberales y este es el germen para continuar en el subdesarrollo. Sin instituciones no hay futuro, pero al parecer esto tan sencillo no quiere entenderse.