Mientras la mayoría de los emprendedores, comerciantes y empresarios buscamos sobrevivir a esta dolorosa pandemia, algunos “empresarios” optan por ejercer en el sector público mientras siguen operando sus compañías y desde ahí hacen trampas, aprovechándose de su posición para beneficio propio. Es la manera como se roban la salud, la educación y el futuro de nuestras hijas e hijos —de generaciones—. Por eso propongo que quien quiera ser servidor público se desligue de sus empresas para evitar conflictos de interés.

No es secreto que unos pocos del sector empresarial han influido desde siempre en las decisiones políticas, en la gestación de leyes y en el control del poder. En las últimas elecciones vemos el aumento de la participación de empresarios, ya sea como candidatos a elección popular o como funcionarios, a tal punto de que muchos, desvergonzadamente, construyen mansiones o abren negocios mientras ejercen cargos públicos. En Guatemala, el que el interés de esos pocos guíe el poder público da como resultado altos índices de desnutrición crónica, extrema pobreza para la mitad de la población, falta de educación, salud e infraestructura de calidad y migración forzada.

Conozco a muchos emprendedores, comerciantes y empresarios nobles, éticos y honestos. Seguramente ustedes también. Son la columna vertebral de la economía guatemalteca y por eso merecen una libre competencia en el mercado, que se valore su creatividad, innovación y, sobre todo, su ética, para seguir aportando al progreso equitativo. A diferencia de ellos, quienes hacen trampas para ‘ganar’ no son empresarios, sino criminales.

Y es que un empresario que no se desligue de sus negocios cuando ejerce cargos públicos presenta un serio problema ético y conflicto de interés que, muy probablemente, resulte en corrupción, traicionando así la vocación de servicio.

En un país con un sistema electoral en el que prima el financiamiento privado, el que un presidente o funcionario público no se separe totalmente de sus intereses empresariales a la hora de asumir su cargo resulta ilógico y una falta de ética. Es casi inevitable que este “empresario” se aproveche de su posición de poder para favorecer sus intereses, los de sus patrocinadores o los de su sector. Y eso representa una competencia desleal, trampa, corrupción y un acto criminal. Un presidente o un servidor público tiene que saber que se debe al pueblo y debe actuar apegado a la Constitución, y que su mandato es promover la unidad nacional.

Un empresario ético y honesto es quien se desempeña en el sector privado y, desde ahí, contribuye al desarrollo del país con la generación de empleo digno, el pago de impuestos y la productividad. Quien, sin separarse totalmente de sus intereses como empresario, asume un cargo público y aprovecha su posición para hacer negocios y enriquecerse, claramente no es empresario, sino un pseudoempresario oportunista y criminal.

No estoy diciendo que un empresario no puede o no deba participar en política. Lo que sí es que alguien de negocios que busca un puesto de elección popular o acepta un cargo público debería dejar de operar su empresa en tanto ejerza como funcionario, para garantizar la prestación de un servicio honrado, ético y por el bien común.

Por supuesto que no existe una carrera, habilidades y competencias específicas para gobernar un país o ejercer un puesto público. Lo más importante sería que, por ética, transparencia y respeto al verdadero empresario, la persona de negocios que opte por un cargo estatal se quite la “camisola” de empresario y se disponga a servir completamente al pueblo.