Nota Bene
Sobre el índice de corrupción
Percepción no es realidad.
Hace unos días, los titulares nos informaron que Guatemala bajó un punto en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), en comparación con el 2022. La organización que elabora el índice, Transparencia Internacional (TI, 2023), ubica al país en la casilla 154 de las 180 naciones incluidas en el estudio, y la posición 28 de 32 países en el continente americano. Los países más transparentes en América son Canadá y Uruguay, con notas cercanas al 70, mientras que Haití, Nicaragua y Venezuela son los más corruptos. Guatemala ha mostrado una tendencia a la baja desde 2014: 32, 28, 28, 28, 27, 26, 25, 25, 24 y, ahora, 23 puntos sobre 100.
Esta tendencia nos asusta, pero cabe admitir algunos matices. Primero, hay que reconocer que la corrupción es un mal de muchos. Transparencia Internacional lamenta la generalizada falta de progreso en esta lucha, e incluso advierte de que es urgente atender la decadencia en el sector público de Europa occidental y Asia. Confiesa que los esfuerzos por criminalizar la corrupción no han funcionado como se esperaba. Los analistas sugieren que estos resultados globales son un efecto del “auge del autoritarismo”, así como del debilitamiento del estado de Derecho y de los recursos disponibles para fiscalizar a los funcionarios públicos.
Segundo, este índice mide percepciones, no realidades. Desde que se diseñó la herramienta se sabía que la corrupción era un fenómeno difícil de medir por tratarse de actividades encubiertas, ilícitas e inmorales. Por tanto, la metodología que empleó TI consiste en recabar las opiniones de “expertos”: un grupo pequeño de individuos en cada país relata sus impresiones. Asumamos que un gobierno compra medicamentos a la farmaceútica A, en lugar de a sus competidores. El experto puede suponer que esta compra se acompañó de un soborno y, por tanto, fue una transacción corrupta, sin contar con evidencia. Es probable pero no se
Imagen no es percepción
El inventor del índice, Johann Graf Lambsdorff, renunció de TI en 2008 porque identificó suficientes debilidades con la prueba como para querer dedicar su tiempo al diseño de nuevas metodologías. Una de las deficiencias identificadas es que se consulta “al mismo tipo” de gente, una élite, cuyas impresiones pueden o no coincidir con las experiencias de los ciudadanos. Además, muchos encuestados conocen los resultados del índice de años anteriores y ese conocimiento tiñe sus respuestas. El economista Alex Cobham señala que el índice crea un círculo vicioso: la élite, con sus prejuicios acerca de la corrupción, infla la sensación de corrupción entre la ciudadanía, y motiva la aceptación de políticas públicas mal orientadas.
La consejera para las Américas de TI, Luciana Torchiaro, afirma que la falta de independencia del Organismo Judicial es un serio problema en la región. Tachó a Guatemala de ser un “laboratorio” de corrupción: “[E]n Guatemala los corruptos están protegidos, mientras los ciudadanos están padeciendo los efectos de la corrupción día a día”, sentenció. Seguramente Torchiaro escuchó esta lectura de la situación del capítulo guatemalteco de TI, Acción Ciudadana. Dicha organización suscribe la narrativa según la cual el principal foco de corrupción en Guatemala es el Ministerio Público. Acción Ciudadana criticó “la pretensión de un golpe electoral”, el cual presuntamente era instigado por el “pacto de corruptos” para perpetuar un clima de impunidad y para impedir la toma de posesión del binomio presidencial que ellos esperan no sea corrupto.
¿Podemos dar un paso atrás, ponernos lentes objetivos, evaluar el IPC con ojos críticos, ponderar si la percepción coincide con los niveles de corrupción reales y así atacar este flagelo más efectivamente?
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